A medida que avanzan las semanas de 2026, se vuelve cada vez más evidente que el proceso de despolarización del sistema mundial —aquel heredado del fin de la Guerra Fría y del triunfo indiscutible de Estados Unidos— comienza a mostrar síntomas claros de lo que podríamos denominar el envejecimiento del sistema capitalista.

Las acciones unilaterales contra Venezuela, que incluyeron el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro; las sorprendentes y forzadas negociaciones para la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, un movimiento que, más allá de la simple expansión territorial, supone un duro golpe a la OTAN; la deliberada intención de debilitar el derecho internacional y sus instituciones; la marginación de Europa en los asuntos de su frontera este con la Federación Rusa; la crisis con Irán, basada en una serie de demandas prácticamente inaceptables que recuerdan al ultimátum del Imperio Austrohúngaro contra Serbia, detonante de la Primera Guerra Mundial; todos estos eventos, combinados con la narrativa del gobierno norteamericano —cada día más polarizante y, hasta cierto punto, amenazante incluso con sus aliados—, son síntomas inequívocos de la futura crisis mundial que se avecina.

En un artículo anterior —¿Sombras de un nuevo reparto? El mapa de Martyanov y la despolarización forzada de Estados Unidos— intenté profundizar en los elementos geopolíticos, históricos y económicos esenciales de la crisis próxima. Sin embargo, en esta ocasión me propongo abordar un asunto central desde mi modesto enfoque: ¿cómo afectará el nuevo escenario político, económico y militar la legitimidad del Estado norteamericano ante su propio pueblo? Me centraré en la aceptación, por parte de la sociedad estadounidense, de sus instituciones, dado que en esta coyuntura tiene la responsabilidad histórica de evitar que su gobierno, en su afán por mantener el poder mundial, llegue a tomar medidas extremas contrarias a la vida en el planeta. Es una meta ambiciosa, sobre todo porque implica adentrarse en el terreno de la conciencia —y más aún, de la conciencia social de un pueblo—, una tarea muy compleja y abstracta. No obstante, me aproximaré a este objetivo apoyándome en la evolución de los hechos históricos de la nación estadounidense —entendiendo la historia como una lucha en la que lo económico es un determinante fundamental— y en su vínculo con las narrativas oficiales que, en distintos momentos, terminaron por legitimar su sistema estatal. No en vano, Karl Marx afirmó que "el lenguaje es la conciencia práctica"; de ahí la relevancia del análisis del discurso en temas de conciencia social.

Si bien los acontecimientos políticos dependen de una relación multidimensional de fuerzas sociales en pugna —con toda la complejidad sociológica, psicológica y económica que esto implica—, y el resultado de esta contienda no obedece necesariamente a la voluntad de una sola de ellas, las narrativas dominantes terminan siendo, en la práctica, la expresión deliberada de los intereses de la fuerza social hegemónica, además de intentar explicar la realidad.

Por otro lado, las vanguardias dirigentes de cada clase social juegan un papel importante como voceras de las aspiraciones de sus clases y, en algunos casos, como intérpretes de los escenarios de lucha. De este modo, tienen la posibilidad de orientar e influir, de alguna manera, en el desenlace de los acontecimientos. Las élites no determinan las luchas sociales, pero a través de sus narrativas pueden incidir en el rumbo de la contienda. Así, cuando en adelante me refiera a las élites dominantes, aludiré a aquellas vanguardias que influyen mediante sus relatos y discursos.

Llegado a este punto, es relevante revisar de manera general el concepto de legitimidad o aceptación social, y lo haré de forma global, pues no pretendo dar cátedra, sino solo plantear algunas pinceladas que sirvan de base para el análisis. La legitimidad de un orden social pasa por una narrativa hegemónica que explique la realidad de forma creíble y que satisfaga las pretensiones e interrogantes de la sociedad, tanto de la clase hegemónica que impone su orden y relato, como de las otras que terminan legitimándolo, aunque sea de forma parcial. Este equilibrio es bastante inestable, dado que las aspiraciones sociales parten de intereses económicos antagónicos en las formas sociales más complejas conocidas.

Este proceso de aceptación no es sencillo; la explicación de la realidad no está exenta de deformaciones interesadas en función del dominio de una clase sobre otra. La narrativa nunca corre a la misma velocidad que los acontecimientos; los hechos van por delante. Es precisamente en ese intervalo, ese limbo temporal entre el hecho y su interpretación discursiva, donde se abre el espacio fértil para la manipulación de las emociones, para la distorsión de lo que se percibe "a primera vista". Es el momento en que se puede torcer el relato, ocultar evidencias o imponer una versión interesada de los sucesos. Sin embargo, esta manipulación tiene un límite intrínseco: su temporalidad. Ese espacio de distorsión es, por definición, un intervalo, porque una premisa fundamental de la relación entre los acontecimientos y el discurso —que el lenguaje debe rendir cuentas a la realidad— termina por imponerse. Tarde o temprano, la narrativa debe confrontarse con los hechos, y si la contradicción es demasiado flagrante, la manipulación se derrumba como un castillo de naipes ante la tozudez de lo real. No olvidemos la propaganda nazi sobre la invencibilidad del Tercer Reich, que se estrelló contra las ruinas de Berlín en 1945.

Otro elemento importante es que la aceptación social opera en distintos niveles. Existe una aceptación forzada, impuesta mediante la coerción —el llamado poder duro—, donde un sector social acepta un estado de cosas por miedo. Sin embargo, para que esto sea realizable, debe estar presente otro actor: el agente coercitivo. Este, que voluntariamente arriesga su vida para cooptar al otro, debe haber sido convencido por un motivo; debe tener una línea discursiva que explique la realidad del conflicto, le otorgue sentido y, en última instancia, haga aceptable el sacrificio.

También existe una forma de aceptación más sutil: aquella que no requiere la amenaza de la fuerza, sino que se logra cuando el otro interioriza tu discurso como propio. Esta se alcanza precisamente a través de una narrativa que legitima y hace aceptable la sumisión. Estamos hablando del poder blando, de la capacidad de moldear las preferencias ajenas, de la manipulación para que las masas acepten un determinado orden.

Partiendo de estas premisas, analizaré el impacto potencial que el complejo escenario que se cierne sobre Estados Unidos podría tener sobre su legitimidad política —quizás la mayor crisis de aceptación de su historia—. Resulta crucial examinar este contexto, dado que, de materializarse, podría derivar incluso en una confrontación militar en el seno de la sociedad estadounidense, con consecuencias globales que pongan en peligro la vida en el planeta. Esta posibilidad no es descabellada: algunos científicos sociales, incluso aquellos alejados de la izquierda, como Neil Howe y Peter Turchin, han planteado desde su perspectiva la posibilidad real de una confrontación civil en Estados Unidos.

Para ello, como ya he señalado, me apoyaré en el análisis de la historia norteamericana, no limitándome a revisar sus resultados, sino también sus procesos. La dinámica histórica demuestra que las ciencias sociales comprenden mejor sus fenómenos cuando estudian sus procesos, por tediosos que parezcan, que cuando se limitan a sus resultados concretos.

La Evolución de la Narrativa Estadounidense: Del Consenso Fundacional al Consumo como Realización

Sobre este marco conceptual intentaré analizar la legitimación del orden estatal, político y económico de la sociedad norteamericana. Sobre la base de la evolución de los acontecimientos y sus narrativas, podré delinear algunos escenarios hipotéticos sobre el futuro.

Estados Unidos surgió como nación mediante la confrontación militar, independizándose de Inglaterra (1775-1783), teniendo como detonante la aspiración británica de resarcir los gastos de la guerra de los Siete Años con Francia mediante el cobro excesivo de impuestos a sus colonias. Sin embargo, el desafío fundamental de los "padres fundadores" no fue solo armado, sino profundamente político y discursivo: se trataba de unificar trece colonias, cada una con sus particularidades, su propio desarrollo y sus intereses económicos específicos. A diferencia de Gran Bretaña, que contaba con una clase dominante consolidada, una historia compartida y luchas comunes que habían forjado una identidad nacional, las colonias norteamericanas carecían de esos elementos que funcionan como fuerzas centrípetas. Eran territorios de ultramar, sin una aristocracia nativa ni tradición de autogobierno más allá de las asambleas locales.

Mucho antes de 1776, el territorio que acabaría siendo Estados Unidos albergaba una mezcolanza de realidades sociales, económicas y religiosas. Había colonias profundamente marcadas por un puritanismo conservador, como Massachusetts, donde los "padres peregrinos" habían establecido una comunidad con una férrea disciplina religiosa. Otras, como Pensilvania, fundada por los cuáqueros, mostraban una mayor tolerancia. Y en el extremo opuesto se encontraba Nueva York, que había nacido bajo el pragmatismo comercial holandés y conservaba un espíritu más laico, mercantil y abierto.

Las diferencias no eran solo espirituales, sino también económicas y demográficas. Mientras que en las colonias del sur —Virginia, las Carolinas, Georgia— la economía giraba en torno a las grandes plantaciones de tabaco, arroz y añil, sustentadas en la esclavitud masiva, en el norte la esclavitud era menos relevante y la estructura productiva se basaba en la pequeña propiedad agrícola, la pesca, la construcción naval y el comercio. En este contexto, ¿cómo lograr que trece entidades con intereses tan diversos —esclavistas y abolicionistas, grandes propietarios y pequeños granjeros, comerciales y agrícolas— aceptaran un gobierno común y se sometieran a su autoridad?

Esta diversidad llevó a los fundadores a plantear una forma de gobierno que permitiera crear consensos entre los sectores que habían levantado las banderas de la independencia. Así, se desplegó una compleja negociación que se plasmó en la Convención Constitucional de Filadelfia (1787). Los debates reflejaban la diversidad de partidas. ¿Cómo evitar que los estados más pequeños quedaran aplastados por la mayoría demográfica de Virginia o Massachusetts? El Gran Compromiso resolvió esta cuestión creando un Congreso bicameral: la Cámara de Representantes con representación proporcional a la población, y el Senado con representación igualitaria (dos senadores por estado).

Y luego estaba la cuestión de la esclavitud, la más espinosa. ¿Cómo contar a la población esclava a efectos de representación? Los estados del sur querían que los esclavos contaran para aumentar su peso en el Congreso, pero no para pagar impuestos. El resultado fue el Compromiso de los Tres Quintos: cada esclavo sería contado como tres quintas partes de una persona libre. Un pacto monstruoso desde una perspectiva ética, pero funcional desde la lógica del poder: permitió que los estados esclavistas aceptaran la Unión.

Todo este proceso —los debates, los acuerdos, las concesiones mutuas— se envolvió en un discurso de alta legitimidad, imprescindible para que, en medio de la lucha entre los distintos factores sociales, las grandes mayorías hicieran suya la idea central de la unidad político-territorial. Es allí donde surgió el discurso de la democracia como gran relato unificador, donde los habitantes de las trece colonias tenían el derecho de darse el gobierno que quisiesen y no el impuesto por un derecho divino. Los "padres fundadores" exacerbaron la retórica de la libertad, la igualdad y el gobierno del pueblo. Hablaron de derechos inalienables, de soberanía popular, de un contrato social libremente aceptado. La Declaración de Independencia se convirtió en el texto sagrado de esta nueva religión cívica: "todos los hombres son creados iguales", "dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables", "el consentimiento de los gobernados". Así, el discurso de la democracia y la libertad se convirtió en la línea discursiva fundamental para........

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