Un juez federal negó la suspensión provisional solicitada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —detenido por delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos en el caso de “huachicol fiscal”— con la que buscaba impedir que la Secretaría de Marina (Semar) ejecutara su baja de la institución, ordenada en diciembre pasado.

La medida cautelar fue solicitada dentro del amparo indirecto 119/2026, promovido por Farías Laguna para frenar su separación definitiva del servicio. El vicealmirante permanece encarcelado en el penal federal No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, donde enfrenta el proceso penal iniciado tras su detención en septiembre.

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De acuerdo con el resumen del fallo judicial, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió negar la suspensión provisional al señalar que otorgarla afectaría el interés social y el orden público, pues impedir la baja o destitución de un servidor público —en este caso, un militar— podría permitir que siga en funciones alguien que tal vez no cumple los requisitos constitucionales para el cargo.

El juez también citó jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que “la suspensión en amparo no puede otorgarse contra ceses, solo contra suspensiones temporales”. Con base en ese criterio, determinó que la solicitud de Farías Laguna era improcedente en esta etapa del juicio.

El vicealmirante enfrenta un proceso penal por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos. El 26 de enero pasado, Farías Laguna afirmó que su caso se ha manejado con un “efecto corruptor” y ha sido “politizado”, lo que —sostuvo— le ha impedido contar con una defensa adecuada.

En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, el militar pidió que se revise su expediente para garantizar que “no se fabriquen culpables” y denunció que su baja de la Marina, ocurrida el 18 de diciembre de 2025, fue “ilegal”, un acto que interpreta como una decisión anticipada para terminar con su carrera sin que concluya el proceso judicial.

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“Le pido de la manera más atenta la revisión de este caso, con la única finalidad de que se haga justicia y no se fabriquen culpables, ya que mantenerme en una celda en medio de un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia”, escribió.

Farías Laguna, con 33 años de servicio, asegura que desde el 10 de noviembre de 2025 él y su defensa han sido privados del acceso a la investigación complementaria; además, acusa que la indagatoria inició a partir de un video de YouTube “que no existe”, lo que —según él— derivó en técnicas y datos imprecisos para mantenerlo privado de la libertad.

El vicealmirante fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones de la Décima Región Naval, en Salina Cruz, Oaxaca, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Días después, el gobierno federal confirmó la captura de 14 personas presuntamente implicadas en una red de tráfico y comercialización ilegal de combustibles, entre ellas el propio Farías Laguna y otros siete integrantes de la Semar.

La investigación se detonó meses antes, el 31 de marzo, cuando autoridades federales decomisaron 10 millones de litros de diésel, armas y vehículos en el puerto de Tampico. Un buque había declarado un cargamento como “aditivos para aceites lubricantes”, pero la inspección reveló que era diésel ilegal, lo que llevó directamente al operativo multinstitucional y las detenciones.

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El caso abrió una crisis interna en la Marina, institución que había asumido el control de puertos y aduanas en el sexenio anterior para combatir la corrupción y el contrabando. En el desfile militar del 16 de septiembre, el titular de la Semar defendió que la investigación surgió desde la propia corporación: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo… Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón”.

El 23 de enero, la Marina informó que seis de sus elementos están detenidos por este caso y que otros dos se encuentran prófugos. Autoridades federales han insistido en que se trata del actuar “aislado de unos cuantos”, y no de un problema estructural dentro de la institución.

“La vida de los palestinos en Gaza sigue marcada por el desplazamiento, el trauma, la incertidumbre y las privaciones”, afirmó recientemente Olga Cherevko, portavoz de la oficina de coordinación de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas.

Tras el cese el fuego acordado el 10 de octubre, numerosos medios internacionales desviaron su atención de Gaza.

Pero la situación sigue siendo desesperada en el territorio, ahora azotado por tormentas invernales, en el que más del 80% de los edificios están destruidos según informó la ONU.

EE.UU. anunció el 14 de enero el inicio de la segunda fase en el plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza, incorporado en la resolución 2803........

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