El proceso penal fue concebido como un límite al poder punitivo del Estado y como una garantía para quienes acuden a él en busca de justicia. Sin embargo, en la práctica cotidiana, ese propósito parece diluirse frente a una lógica ritualista que privilegia el cumplimiento estricto de las formas por encima de la solución justa del conflicto. El expediente se vuelve el centro, el rito se sacraliza y la pregunta por la justicia queda relegada a un segundo plano.

No se trata de desconocer la importancia de las formas procesales. Estas existen para asegurar el debido proceso, la contradicción y la igualdad de armas. El problema surge cuando el formalismo deja de ser un medio y se transforma en un fin en sí mismo. En ese punto, el proceso penal deja de proteger derechos y comienza a producir exclusiones. Se rechazan pruebas por defectos menores, se invalidan actuaciones que no afectan garantías sustanciales y se exigen cargas probatorias que........

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