España vive una paradoja política que apenas se discute con la seriedad que merece. Mientras el discurso oficial invoca la autonomía estratégica europea, la soberanía industrial y la reindustrialización verde, la práctica cotidiana de las políticas públicas está normalizando lo contrario: el uso masivo de fondos nacionales y europeos para facilitar el desembarco de grandes actores extranjeros en sectores estratégicos, sin exigir a cambio control, transferencia tecnológica ni capacidad de decisión real.

El sector de las baterías para el vehículo eléctrico es el mejor ejemplo. Bajo el paraguas de la transición energética, España se ha convertido en un polo de atracción de grandes proyectos industriales vinculados a la electrificación del automóvil. El relato es conocido: inversión, empleo, modernización. Pero detrás del entusiasmo institucional se consolida un modelo que plantea preguntas incómodas y legítimas desde el punto de vista político y europeo. El debate ha adquirido una nueva dimensión tras el Informe Anual sobre Ayudas Públicas 2025 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que identifica a una empresa china —Envision, prácticamente desconocida para la opinión pública— como la mayor receptora individual de subvenciones en España, con unos 300 millones de euros en ayudas públicas.

Envision, junto a otras........

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