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Hace unos días, el Tribunal Administrativo de Santander admitió una acción popular que busca proteger los derechos a la salud y los derechos humanos de la población de Barichara, Villanueva y Cabrera. Como consecuencia, se adoptaron medidas cautelares. Este hecho no es solo una gran noticia, sino también una lección clara sobre la importancia y el valor de las veedurías ciudadanas y del control social.

Lo sorprendente del caso es que las entidades accionadas, sobre las cuales recaen las medidas cautelares, entre ellas el municipio Barichara, dicen desconocer el hecho y buscan argumentos jurídicos para desentenderse del tema, como si no fuera con ellas. ¿Dónde queda el compromiso y la obligación........

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