En la pedagogía sobre la jornada de este 8 de marzo para elegir a los nuevos congresistas de la República poco se informa que, según el artículo 171 de la Constitución, además de las cien curules al Senado elegidas en circunscripción nacional, “habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas”.

Para ser candidato por la circunscripción indígena la Constitución señala que los aspirantes: “deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el ministro de Gobierno”.

En otras palabras, cualquier colombiano puede votar por estas curules pidiendo el tarjetón rosado de la circunscripción indígena, pero no cualquier colombiano puede aspirar a ocupar una de estas curules pues debe cumplir con los requisitos que señala el artículo 171. Por eso resulta tan cuestionable que un partido que dice representar a los indígenas como AICO (Autoridades Indígenas de Colombia) le haya negado el aval al actual senador Richard Fuelantala, quién viene de las comunidades indígenas de Nariño y ha sido crítico del gobierno de Petro, para entregárselo a Rubén Marino Borge, un político de ascendencia italiana, exconcejal de Barranquilla por el Partido Conservador y políticamente cercano a la familia Char.

No sorprende que el Ministerio del Interior del gobierno de Petro en cabeza de Benedetti haya actuado de notario de estos cambalaches. Cabe recordar que el mismo partido “indígena” AICO le entregó el aval al nuevo “taita” Daniel Quintero para participar en una de las consultas presidenciales de este domingo.

El intento de usurpar la representación de los indígenas no es la única amenaza que se cierne sobre estas curules, también lo es la cooptación de sus líderes por parte de estructuras clientelistas de la política tradicional. Un ejemplo es la senadora del MAIS Martha Peralta Epiayú, a quién la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación por su participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD, luego de que el exdirector corrupto Olmedo López la señalara de gestionar reuniones para favorecer a unos contratistas.

La senadora petrista tiene su fortín electoral en Uribia, municipio de La Guajira que registra “altos niveles de riesgo electoral” por su comportamiento en las elecciones de los últimos años según las alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Ante esta realidad es alentador ver participando por estas curules al Movimiento Agrario e Indígena por la Soberanía, organización que nace de la resistencia civil al gobierno de Petro para representar no sólo a los indígenas, sino a todos los que luchan por la soberanía como prioridad de Colombia.

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