Como es de público conocimiento, tanto a nivel nacional como regional, ejecutar un proyecto de infraestructura –público o privado– es un calvario. Y no es casualidad. En mi criterio, lograr el licenciamiento ambiental, en algunas oportunidades, se convirtió en un arma político-corrupta que se ejerce a través de una cadena de trámites –dilaciones– y más trámites que, con apariencia de sofisticados estudios técnicos, en el fondo no son más que veladas presiones políticas o el reflejo de conflictos personales o simples requerimientos económicos, por debajo de la mesa, generando graves e irreparables daños a la comunidad.

En Colombia, la ANLA (Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental) se encarga de proyectos que por su magnitud son de competencia........

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