No es “polarización”: es una crisis de DDHH, por Rafael Uzcátegui

En su más reciente actualización ante el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, afirmó —tras describir la situación del país luego del 3E— que «los venezolanos deben unirse y acordar una estrategia amplia de justicia transicional» y que «la sociedad venezolana sigue estando muy polarizada».

La intención del llamado es comprensible: promover acuerdos, reducir tensiones, facilitar una salida institucional. Sin embargo, el uso del término polarización para describir la realidad venezolana no solo resulta impreciso, sino que ha tenido —y puede seguir teniendo— efectos contraproducentes tanto en la comprensión internacional de la crisis como en el propio abordaje del sistema de Naciones Unidas.

La intención del llamado es comprensible: promover acuerdos, reducir tensiones, facilitar una salida institucional. Sin embargo, el uso del término polarización para describir la realidad venezolana no solo resulta impreciso, sino que ha tenido —y puede seguir teniendo— efectos contraproducentes tanto en la comprensión internacional de la crisis como en el propio abordaje del sistema de Naciones Unidas.

Un diagnóstico que describe otra realidad

Hablar de «polarización» sugiere la existencia de dos bandos relativamente equivalentes, enfrentados por diferencias políticas o ideológicas. Es un marco útil en democracias en disputa, donde hay pluralismo, competencia y alternancia.

Pero Venezuela no encaja en esa descripción. Diversos mecanismos internacionales —incluida la propia arquitectura de Naciones Unidas— han documentado de manera consistente la persistencia de violaciones graves, sistemáticas y estructurales de derechos humanos, así como la continuidad de un aparato represivo que no ha sido desmantelado.

Esta situación no solo se mantiene, sino que alcanzó un nuevo nivel tras el fraude electoral del 28J. Reducir este escenario a una «polarización» entre actores invisibiliza una dimensión central: no se trata de dos proyectos políticos en pugna, sino de una relación profundamente asimétrica entre poder estatal y ciudadanía, que ha permitido la comisión de crímenes de lesa humanidad.

De crisis de derechos a problema de “percepciones”

El uso del término por parte del Alto Comisionado no es una generosidad semántica: es un problema político. Cuando se enmarca la crisis como «polarización», el foco se desplaza desde las responsabilidades institucionales hacia las percepciones sociales.

Se instala la idea de que el problema es la división entre venezolanos —y no la existencia de un sistema que ha restringido derechos, perseguido disidencias y limitado el espacio cívico. En ese desplazamiento ocurren tres efectos concretos.

Primero, se diluye la responsabilidad del Estado. Segundo, si el problema es la polarización, la solución parece ser el diálogo entre partes, no la rendición de cuentas. Tercero, se desdibuja la centralidad de las víctimas: las violaciones dejan de ser el eje del análisis y pasan a ser un elemento más dentro de un supuesto «conflicto».

Desde los tiempos de Bachelet, los esfuerzos del ACNUDH se centraron en mantener abierto el diálogo con las autoridades venezolanas. Por ello se privilegió la «asistencia técnica» sobre la protección efectiva de las víctimas. Su actuación priorizó la mediación y la permanencia en el país por encima de la presión por reformas estructurales.

En esa lógica, se evitó «incomodar» a las autoridades: se mantuvieron en secreto los términos del memorando de entendimiento, se moderó el lenguaje en informes y declaraciones, y se otorgó reconocimiento a gestos simbólicos sin impacto sustantivo.

La fragilidad de ese esquema quedó en evidencia cuando, tras denunciar la desaparición forzada de la defensora Rocío San Miguel, la reacción oficial puso en cuestión incluso la continuidad de su presencia en el país.

La fragilidad de ese esquema quedó en evidencia cuando, tras denunciar la desaparición forzada de la defensora Rocío San Miguel, la reacción oficial puso en cuestión incluso la continuidad de su presencia en el país.

Cuando el diagnóstico produce espejismos

El entendimiento de Venezuela como un país «polarizado», a pesar de la evidencia acumulada, ha producido situaciones difíciles de justificar no solo en el ACNUDH, sino en el conjunto de agencias de Naciones Unidas presentes en el país.

Bajo esa lógica, se han normalizado prácticas como la contratación de personas con vínculos abiertamente oficialistas y, en un esquema de «equilibrio» de cuotas, la incorporación sistemática de organizaciones alineadas con el llamado «poder popular» en espacios promovidos por la propia ONU.

El resultado no ha sido neutralidad, sino distorsión e ineficacia. Activistas comunitarios han asistido a actividades de «formación» convocadas por agencias internacionales para encontrarse, al llegar, con estructuras vinculadas al oficialismo —como el Frente Francisco de Miranda— que luego operan como mecanismos de vigilancia y hostigamiento en sus propias comunidades.

Hablar de «polarización» en este contexto no solo es inexacto: banaliza la asimetría y termina equiparando responsabilidades que no son equivalentes. El mensaje que queda para las cancillerías de todo el mundo es el de una Venezuela que no existe en la realidad.

Ni siquiera toda la ONU habla de “polarización”

Esta inconsistencia se hace aún más evidente dentro del propio sistema de Naciones Unidas con mandato en derechos humanos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela —el mecanismo más rigoso de investigación— no describe al país como una sociedad polarizada.

Su lenguaje es otro: documenta violaciones sistemáticas, patrones de represión y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. No habla de «bandos». Habla de responsabilidades. No describe una fractura social simétrica, sino una estructura de poder que ha utilizado el aparato estatal para perseguir y neutralizar la disidencia.

No es una diferencia menor de palabras. Es una diferencia de diagnóstico. Y de ese diagnóstico dependen las respuestas.

Una crítica para fortalecer, no para debilitar

Esta no es una crítica para debilitar al Alto Comisionado ni a su oficina. Al contrario. El trabajo del ACNUDH ha sido fundamental para documentar abusos, acompañar a víctimas y mantener la atención internacional sobre Venezuela, incluso en contextos adversos.

Precisamente por eso, su voz importa tanto. Y precisamente por eso, el lenguaje que utiliza también importa. El 3 de enero debería obligarnos a una reflexión más profunda sobre lo que no funcionó.

El hecho de que un evento de fuerza haya terminado destrabando una situación estancada evidencia los límites de una estrategia basada exclusivamente en la buena fe y la mediación. Ya no cabe el silencio por cálculo.

Muchos activistas de derechos humanos coinciden en estas críticas, pero optan por callar para no «darle argumentos al gobierno». Sin embargo, quizás la herramienta más importante que nos queda es el lenguaje. Y usarlo correctamente es, en sí mismo, una forma de acción.

*Lea también: Laberinto, por Fernando Luis Egaña

Nombrar bien para transformar

Venezuela necesita acuerdos. Necesita una estrategia de justicia transicional. Necesita reconstruir tejido social. Pero esos objetivos no pueden construirse sobre diagnósticos equivocados.

Reconocer que existe una base social del oficialismo no convierte la situación en una «polarización». Ningún análisis serio describiría la Argentina de Videla, el Chile de Pinochet o el Perú de Fujimori como sociedades «polarizadas».

En estos contextos, el término funciona más como un velo que como una explicación: encubre la asimetría y suaviza la responsabilidad. Venezuela no es una sociedad polarizada en términos equivalentes.

Es una sociedad atravesada por una ruptura profunda entre poder y ciudadanía, marcada por violaciones de derechos humanos que exigen verdad, justicia y garantías de no repetición. Algo que el propio Turk ha pedido.

Nombrar correctamente la realidad no es un ejercicio académico. Es una condición para transformarla. Por eso, al Alto Comisionado le pedimos silencio. Le pedimos precisión.Y, en este caso, algo muy concreto: dejar de llamar «polarización» a lo que es, claramente, otra cosa. Aunque Miraflores se moleste.

Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»

 TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo

Compartir en Facebook

© Tal Cual