Liberalizar el mercado sin proteger a quien lo habita, por Omar Ávila

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Recientemente, en la Asamblea Nacional aprobamos por unanimidad la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, a través de un proyecto que no deroga la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda de 2011, sino que crea un régimen paralelo que se aplicará únicamente a los contratos firmados después de su entrada en vigencia. Los contratos existentes seguirán bajo las reglas de 2011.

Ese detalle técnico –a nuestro juicio– importa, ya que, en la práctica, convivirán dos sistemas de arrendamiento con lógicas casi opuestas.

La ley de 2011 fue uno de los marcos más rígidos existentes en la región, ya que fijaba el canon mediante una fórmula estatal, exigía el registro obligatorio de contratos ante una Superintendencia con amplias facultades de fiscalización y sanción, prohibía pactar en moneda extranjera y establecía una escala de descuentos obligatorios –hasta 25%– a favor del inquilino antiguo en caso de venta del inmueble.

El nuevo proyecto invierte buena parte de esa lógica: el canon se fija libremente entre las partes, se permite pactar y pagar en divisas, los ajustes quedan indexados al índice de precios al consumidor del Banco Central, desaparece la figura de un ente regulador equivalente a la Superintendencia y la preferencia del inquilino para comprar el inmueble se reduce a un derecho de tanteo tras dos años de ocupación, sin el descuento obligatorio que existía antes.

Los conflictos, en ausencia de ese ente administrativo, se resolverán por mediación, arbitraje o ante los tribunales municipales.

Entre los elementos a favor para los propietarios tenemos: la libertad para fijar el canon y........

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