El costo de la inacción judicial
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y de la Red de Control de Delitos Financieros, sancionó a dos mexicanos y a nueve de sus empresas por su relación con una red de contrabando de combustible vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los imputados no son personajes de relieve empresarial, pero las autoridades los identifican como operadores relevantes en las actividades de contrabando y lavado de dinero.
Ante la inacción judicial en México, tres aspectos cobran especial importancia. Primero, el contrabando de combustible ha continuado, como ya había señalado el experto y académico, Francisco Barnés de Castro. Sus estimaciones fueron descalificadas de manera burda por Pemex, cuya respuesta, más que explicar, se limitó a insultar. Desde hace tiempo el gobierno no razona ni informa; calumnia y difama.
El segundo, se reitera la vinculación del contrabando de combustible con el narco, para el caso con el CJNG, asunto de extrema gravedad porque está catalogado como organización terrorista y, por ello, constituye un objetivo prioritario de Estados Unidos en el combate al narcoterrorismo.
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