Para que se entienda la jugada. La suspensión de las órdenes de captura de los principales jefes criminales de las bandas de Medellín no se puede ver como un gesto de paz. Si se mira a fondo, el análisis debe ir en otra dirección: es una jugada de poder territorial en toda regla. El levantamiento de las 23 órdenes es la pieza que termina de encajar todo. La secuencia que han ido montando es clara. Primero los sacan de la cárcel y los suben a una tarima con Gustavo Petro, los legitiman frente al país y los convierten en “voceros”. Luego estalla el escándalo y la Corte le abre indagación a Isabel Zuleta, por su presunto papel en todo esto. Y después viene el paso más grave, a esos mismos cabecillas les suspenden las medidas en su contra. Mientras tanto, el Estado empieza a replegarse en el territorio con decisiones como el fin del servicio militar obligatorio.

En paralelo, la investigación de Revista SEMANA deja una cifra demoledora. Cuatro de cada diez criminales en los que el Gobierno validó dentro de la “paz total” volvieron a delinquir. Más de 200 integrantes de estructuras armadas recibieron beneficios judiciales, y........

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