Para que se entienda la jugada. La suspensión de las órdenes de captura de los principales jefes criminales de las bandas de Medellín no se puede ver como un gesto de paz. Si se mira a fondo, el análisis debe ir en otra dirección: es una jugada de poder territorial en toda regla. El levantamiento de las 23 órdenes es la pieza que termina de encajar todo. La secuencia que han ido montando es clara. Primero los sacan de la cárcel y los suben a una tarima con Gustavo Petro, los legitiman frente al país y los convierten en “voceros”. Luego estalla el escándalo y la Corte le abre indagación a Isabel Zuleta, por su presunto papel en todo esto. Y después viene el paso más grave, a esos mismos cabecillas les suspenden las medidas en su contra. Mientras tanto, el Estado empieza a replegarse en el territorio con decisiones como el fin del servicio militar obligatorio.

En paralelo, la investigación de Revista SEMANA deja una cifra demoledora. Cuatro de cada diez criminales en los que el Gobierno validó dentro de la “paz total” volvieron a delinquir. Más de 200 integrantes de estructuras armadas recibieron beneficios judiciales, y muchos aprovecharon ese margen para seguir operando, expandirse y fortalecerse; es decir, no se desmantelaron, sino que se reacomodaron. Y ahí está la movida clave.

Después de leer a fondo esa investigación, llego a una conclusión clara. La “paz total” no solo es un fracaso del gobierno de Gustavo Petro y de Iván Cepeda, que ha estado metido en estos procesos, sino que ese fracaso se está utilizando para liberar presión sobre estructuras criminales y darles margen de maniobra en los territorios. No se está corrigiendo, se está aprovechando. Bajo esa excusa están beneficiando a cabecillas clave, jefes que saben exactamente cómo moverse, cómo presionar y cómo incidir tanto en lo rural como en lo urbano, justo en un momento donde ese control puede pesar en las elecciones.

Por eso mi insistencia en que estamos pasando del voto armado rural al voto armado urbano. La propia MOE (Misión de Observación Electoral) ha advertido que cerca del 54 % de la votación al Congreso del Pacto Histórico, más de 2,2 millones de votos, provino de más de 126 municipios de alto riesgo electoral, donde los grupos armados ilegales controlan el territorio y el Estado prácticamente no existe. Ese fue el mapa rural. Lo que hoy se está montando es ese mismo esquema trasladado a las ciudades.

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Estas estructuras son las que mandan en los barrios, controlan economías ilegales, extorsión, microtráfico, transporte informal. Manejan la plata, compran lealtades, mueven gente, financian, presionan. Deciden quién entra, quién sale, quién habla y quién se calla. No necesitan hacer campaña, les basta con dar la línea y todos entienden. Pueden activar barrios completos en cuestión de horas.

Cuando a ese poder territorial le quitas presión judicial y además lo legitimas, lo que haces es dispararlo, porque ya operan con una ventaja enorme. Y eso ocurre justo a mes y medio de las presidenciales. ¿Casualidad?

Estos cálculos políticos no son más que movidas populistas que construyen una narrativa hacia la opinión pública mientras, por debajo, consolidan poder real donde se define el voto.

Por eso, la advertencia del constitucionalista Mauricio Gaona cobra todo el sentido. Ha hablado del riesgo de una “dictadura constitucional”, de un escenario donde el poder se reconfigura desde adentro utilizando las reglas del sistema. Y lo que estamos viendo en el territorio empieza a mostrar cómo se están armando esas condiciones.

El desmantelamiento de las estructuras criminales no existe; al contrario, su fortalecimiento es cada vez más evidente. Y cuando uno ata los cabos con las declaraciones recientes de Iván Cepeda contra Antioquia, donde la señala como cuna de la parapolítica y del terrorismo de Estado, el cuadro se cierra. Ante la dificultad de control político en la ciudad, están abriendo la puerta para que ese control se ejerza desde abajo, a través de las mismas estructuras que hoy dominan los territorios.

La línea ya está trazada, aquí no hay errores ni improvisación, lo que se está moviendo es una estrategia clara para inclinar el resultado desde los territorios donde realmente se define el voto. Ojo, Colombia.

© Revista Semana