Recientemente, la estatal petrolera venezolana, PDVSA, ha procedido a la toma de control —bajo el eufemismo de una revocatoria de concesión — de los campos petroleros Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto. Estos activos, que formaban parte de la empresa mixta PetroDelta, contaban con una participación mayoritaria del Estado por el 60 %. La narrativa oficial de PDVSA es simple y conveniente: argumentan que la empresa mixta no cumplió con sus metas de inversión y que la producción se estancó en unos modestos doce mil barriles diarios, muy lejos del potencial de cien mil que, según el discurso gubernamental, habrían sido posibles.

Sin embargo, detrás de esta versión oficial se esconde una realidad mucho más compleja y turbia. Durante más de una década, PDVSA ha sistemáticamente omitido cumplir con sus obligaciones —entre otras— el pago del porcentaje de producción que le correspondía al socio privado, DP Delta Finance B.V. Al acumular pasivos superiores a los ochocientos millones de dólares, el Estado venezolano colocó al socio privado en una situación financiera insostenible. Resulta, cuando menos, cínico culpar al privado de ‘falta de inversión’ cuando ha sido la propia petrolera estatal la que, mediante el impago, ha asfixiado la operatividad del proyecto.

Esta maniobra de apropiación no es un acto administrativo aislado, sino una........

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