El sistema judicial colombiano atraviesa una crisis de legitimidad profunda. No funciona en los casos estrella; la ciudadanía lo percibe, y ese es un diagnóstico que no admite matices. La indignación, aunque a menudo silenciosa, se manifiesta en el escepticismo ante cada fallo, en la exasperación por la inoperancia y en la indignante libertad de maleantes que se pasean sin restricciones por nuestras calles.

El problema trasciende la individualidad de sus protagonistas; es un fallo estructural. Ya sea por su diseño institucional, por sus vasos comunicantes con las demás ramas del poder o por una gestión ineficaz de sus recursos, los resultados del conjunto —léase altas cortes, órganos de control y Fiscalía— son, francamente, paupérrimos.

Comencemos por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que desde el proceso 8.000 se ha consolidado como un testigo mudo de la corrupción. Ya sea en el caso del “elefante” de Samper o en las graves denuncias contra el gobierno de Gustavo Petro, la constante ha sido la misma: la parálisis deliberada y la ausencia de justicia.

Respecto a la JEP, la indignación ante sus resultados es más que justificada. Es difícil defender un tribunal que, tras recibir cerca de 4 billones de pesos, se ha visto envuelto en........

© Revista Semana