Frente a las reiteradas actuaciones del presidente Petro, que denotan su propósito de demoler las instituciones, es urgente una actuación más enérgica del procurador general.

El principio rector de la ideología de Petro es su concepción de la soberanía del pueblo, al que entiende como el conjunto de quienes por él votaron en la segunda vuelta de 2022. Eso basta para que nuestro caudillo afirme que de ese conjunto de voces, mudas y heterogéneas, surge un mandato que el Parlamento ha infringido.

Nada de lo anterior tiene asidero en la Carta de 1991 que Petro quiere derogar. En el preámbulo de la Constitución que (todavía) nos rige se dice que es el pueblo de Colombia —o sea, todos los ciudadanos— quien expide el Estatuto fundamental, lo cual realiza “representado por sus delegatarios en la Asamblea Nacional Constituyente”. En el artículo 3 se reitera el principio de la soberanía popular, que es (añado) universal e indivisible. Ese pueblo constitucional ejerce sus poderes en forma directa o por medio de sus representantes. Estos, que son los congresistas, “representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común” (artículo 133). O sea que no están atados por lo que Petro cree que tenían en mente cada uno de los ciudadanos que lo hicieron presidente por una estrecha mayoría.

La dimensión directa de la soberanía, no ya para establecer la Constitución, sino para gobernar bajo sus reglas, se materializa en los mecanismos de participación ciudadana, tales como la elección de gobernantes, los referendos y los plebiscitos. Conceptos diferentes son, entonces, el poder constituyente y el constituido. Los populistas de todas las vertientes jamás podrán aceptar esta distinción. El pueblo que invoca el petrismo, al igual que el de cualquier otro caudillo autoritario, es una facción de los ciudadanos, que se alza contra las instituciones, con la pretensión de abolirlas. Para eso es la constituyente que el presidente promueve, frente a la cual Cepeda no dice que sí ni que no.

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