La semana pasada fue, sin lugar a dudas, una de las más difíciles para las relaciones entre Colombia y Ecuador. Esto se debe a la decisión del presidente Daniel Noboa de decretar, de manera que algunos analistas consideran apresurada, un impuesto adicional del 30 % a los productos importados desde Colombia, medida que ha sido calificada por varios sectores como un arancel encubierto.

Esta decisión parece inspirarse en las políticas adoptadas por el presidente Donald Trump frente a distintos países, utilizadas como herramienta de presión para renegociar lo que considera relaciones comerciales inequitativas con los Estados Unidos, estrategia que en varios casos le ha dado resultados. No cabe duda de que algo similar es lo que el presidente Noboa quiso, o quiere, replicar en su relación con el Gobierno colombiano.

La diferencia está en que la implementación de esta sobretasa de seguridad, impuesta a partir del 1 de febrero, tiene, según el presidente Daniel Noboa, una justificación clara en la grave situación de seguridad que desde hace muchos años se presenta en la frontera con Colombia, pero que se ha agudizado durante el Gobierno del actual presidente colombiano, Gustavo Petro.

Es evidente que una parte importante de los aliados de la denominada paz total son líderes reconocidos del narcotráfico, quienes hoy utilizan de manera sistemática los puertos del Pacífico. Ecuador, a diferencia de Colombia, que no cuenta con puertos de gran escala en su litoral pacífico, dispone de al menos ocho puertos que se han convertido en una alternativa clave para la salida de narcóticos hacia los mercados de Estados Unidos y otros continentes.

Así lo ratificó el excomandante general de la Policía del Ecuador, general Faustino Salinas, en una reciente edición de la revista SEMANA, donde afirmó que la crisis de seguridad puede........

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