La situación de la Nueva EPS es el perfecto ejemplo de la irresponsabilidad del Gobierno frente a la salud de los colombianos. Una entidad que completa tres años en una tremenda crisis y sin presentar estados financieros. Ahora atraviesa un limbo jurídico con una intervención expirada, con un superintendente que no puede tomar decisiones frente a sus propios conflictos de interés —por compartir la responsabilidad de la debacle— y un interventor ad hoc que está en el peor de los mundos, sin aún tomar decisiones ante tamaña opacidad en la información sobre la entidad.

El problema son más de 11 millones de colombianos que no tienen acceso a los servicios, ante un número considerable de instituciones hospitalarias que han tenido que suspenderlos por la falta de pago por parte de la entidad y, también, por los problemas estructurales que tiene para entregar medicamentos a los pacientes.

¿Cuántos afiliados han muerto o sufrido deterioro permanente de su salud? Nadie lo sabe, pero en las familias colombianas se siente profundamente el drama de personas que no han debido fallecer. Más de 500.000 quejas y reclamos en 2025 y más de 150.000 tutelas sin responder son indicadores indirectos pero contundentes de la estela de morbilidad y mortalidad que han dejado las acciones del gobierno.

La única “ganancia” son las nefastas lecciones que quedan para la historia. La primera: Un sector salud sujeto a los arbitrios de funcionarios públicos ideologizados y con poder para........

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