La entonces locuaz ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica –mediante asambleas prefabricadas–, puso en la mira el contrato de administración del Fondo Nacional del Café por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, vigente desde julio de 2016 por una década. El Gobierno Petro, al parecer, pensó entregarlo a la Fiduprevisora o a algunas “cooperativas” que intentó promover.

Esa intención destructiva coincidía con las tesis neoliberales extremas, como las del exasesor programático de Sergio Fajardo, J. J. Echavarría, quien en un reconocido texto propuso la desaparición de dicho convenio. Una idea en contra de la garantía de compra de todo el grano producido, de la participación en la exportación del 20 por ciento del café verde, del sistema de cooperativas (que es la red interna de compra) y, en últimas, de la protección al productor en un mercado donde mangonea un oligopsonio de compañías transnacionales.

Para evaluar lo que ha ocurrido con el contrato, hay cifras oficiales acerca de la administración de la fuente básica de ingresos del Fondo: la contribución cafetera de 6 centavos por cada libra exportada que los cafeteros aportan, independientemente de la cotización internacional, como cuota parafiscal. Es un recurso público sujeto al control que la ley dispone.

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