Bogotá se enfrenta hoy a una encrucijada que pone a prueba su coherencia entre el discurso de la economía social y la realidad de sus políticas públicas. La reciente expedición del Decreto 117 de 2026 por parte de la Alcaldía Mayor, que prohíbe el uso de Gas Licuado del Petróleo (GLP) en cilindros para las ventas de comidas al paso, es un golpe a la fuente de sustento de miles de familias vulnerables dedicadas a esta actividad.

Esta medida, lejos de solucionar problemas de espacio público, vulnera derechos fundamentales. Según cifras del Instituto para la Economía Social (IPES), en la capital operan 10.331 puestos de comida que dependen del GLP en cilindros como fuente energética. Para estos........

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