La joven auxiliar empezó a trabajar en el despacho del magistrado cincuentón en 2007. A poco se convirtieron en pareja. En 2010, el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pidió a la auxiliar que renunciara y empezara a litigar ante él, utilizando como oficina un apartamento de su propiedad. Ella buscaba clientes a los que les garantizaba que ganaban el pleito, pues el magistrado estaba dispuesto a vender las sentencias a cambio de dinero para él y para ella. Ella presentaba la

misma demanda varias veces al mismo tiempo. En el sorteo, una demanda eventualmente le correspondía al magistrado. Luego retiraba las otras demandas. En 2012, ella presentó una demanda a nombre del supuesto dueño de un terreno contiguo a un humedal. Alegó que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá debía pagarle 64.000 millones de pesos por no haber adquirido ese terreno. En 2014, el magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista condenó al Acueducto a pagar esa suma. La escritura de propiedad que alegaba el demandante tenía objeto nulo por versar sobre una reserva ambiental. “Se trata de un bien cuya tradición se predica espuria y tuvo su origen en quienes en el pasado representaban los intereses delictivos de reconocidos narcotraficantes y paramilitares”, indica un informe de la Fiscalía. La auxiliar iba a recibir casi 13.000 millones de pesos, para ella y para el magistrado. No los recibieron en este caso, pues la sentencia fue revocada en apelación, pero sí en otras condenas. En uno de los casos amañados para favorecer al demandante, el magistrado recibió como pago por la sentencia un apartamento en Mosquera, Cundinamarca, y un Mercedes-Benz Cabriolet 200.

El magistrado llegó a tener a su nombre más de 31 inmuebles y su patrimonio superaba los 32.000 millones de pesos. Algunas fincas las adquirió junto con Aldemaro Vargas González. Este registró en su cuenta de Bancolombia movimientos por más de 1.700 millones de pesos en un lapso de 11 años, sin tener empleo formal. Cuando la justicia penal empezó a investigar la red criminal del magistrado, el gobernador del resguardo indígena Rincón de Anchique, en Natagaima, Tolima, alegó que Aldemaro Vargas pertenecía a ese resguardo y debía ser juzgado según “la cosmovisión indígena” de esa comunidad. La Corte Constitucional dispuso que lo juzgara la justicia penal. Aldemaro Vargas González es un desmovilizado del frente 25 de las Farc.

Carlos Alberto Vargas Bautista vendió sentencias a cambio de dinero. Pero en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hay otras deshonestidades. El magistrado Óscar Armando Dimaté declaró legal la arbitraria decisión de la contralora Sandra Morelli contra Saludcoop y dio por probada la desviación de recursos de la salud para la compra de clínicas, pese a que en la resolución no se cita una sola escritura pública como prueba de la compra de esos inmuebles. La decisión de Morelli fue caprichosa: consideró ilegal la compra de Cafesalud cuando años antes ella le dio el visto bueno. El magistrado Dimaté afirmó que entre las irregularidades “particulares y específicas” en que se concretó la desviación de dineros de la salud estaba la “adquisición de baldosas encontrando pagos a Guangdonng Dopeng Ceramic Co. por $2.362.5 millones desde 2008 a 2010, con destino a Villa Valeria-Complejo Hotelero y Condominio”. Esa afirmación carece de sustento. No se utilizaron dineros de Saludcoop para Villa Valeria, una inversión privada de Carlos Palacino y otras personas. Cuando una sentencia del tribunal, que debe examinar severamente y basado solo en los hechos los actos del gobierno, se basa en datos falsos y se convierte en cómplice de los abusos, desaparece toda semblanza de justicia. Pero no solo pasa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. También en el Consejo de Estado existe la misma complacencia con la arbitrariedad. El consejero Oswaldo Giraldo López en apelación confirmó la ilegítima sentencia del magistrado Dimaté y consideró ajustada a la ley esta decisión hechiza de la comprobadamente deshonesta contralora Morelli. Los negocios de un magistrado con un desmovilizado de las Farc no son la única razón del desprestigio que agobia a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Unas sentencias se venden, otras se regalan.

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