En el transitar cotidiano por los establecimientos comerciales de Ciudad Guayana y del resto del país, se ha arraigado una práctica tan viciosa como humillante: la sistemática revisión de bolsos, compras y carteras a los ciudadanos al momento de traspasar la puerta de salida. Lo que insólitamente se pretende normalizar bajo el ropaje de un “mecanismo de control interno” o “medida de seguridad privada”, no es otra cosa que un atropello flagrante contra la dignidad humana y una presunción de culpabilidad automática impuesta a quien, minutos antes, entregó el fruto de su esfuerzo honesto para adquirir bienes de consumo.

Resulta indispensable hablar con absoluta precisión jurídica: no existe en el ordenamiento jurídico venezolano ni una sola norma, ley, ordenanza o reglamento que faculte a comerciantes, cajeros, fiscales de tienda o vigilantes privados para inspeccionar los pertenencias personales de comprador alguno. La revisión de personas e inspecciones de efectos personales son potestades públicas........

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