En nuestro proceso electoral, que aún continúa, las encuestadoras se convirtieron en blancos de sospecha. La discrepancia entre los conteos rápidos de Ipsos y Datum sobre quién ocupaba el segundo lugar muestra las limitaciones naturales de estas herramientas, pero también la facilidad con la que algunos electores acusan sin sustento cuando los datos no confirman sus deseos.

Mientras Datum mostraba a un candidato instalado con claridad en el segundo lugar, Ipsos advertía un virtual triple empate que no permitía afirmar certeramente quién pasaba a la segunda vuelta. No se trataba de dos realidades distintas, sino de dos formas de leer datos basadas en metodologías diferentes que afectan el tamaño y distribución de las muestras, entre otros factores.

Muchas personas que vieron a su candidato relegado en el conteo rápido de Ipsos optaron por descalificar la fuente antes que cuestionar la incertidumbre del resultado. Se pasó de discutir metodologías a insinuar sesgos, y de allí a acusaciones directas contra el propietario de la encuestadora y la directora del diario que la publicó, a quienes se atribuyó una supuesta intención de perjudicar a determinado candidato. No se cuestiona la calidad de la medición, sino se invalida el resultado porque resulta incómodo.

En escenarios de márgenes estrechos, la cautela metodológica, expresar empates técnicos cuando los hay, suele ser más fiel a la realidad que la tentación de ofrecer certezas prematuras. Ambas encuestadoras trabajaron con muestras, bajo presión de tiempo y en un contexto de alta volatilidad. La medición de Ipsos originó una reacción destemplada de algunos electores y candidatos, que en lugar de reconocer que el resultado estaba abierto, optó por construir una narrativa de manipulación. Si los datos no favorecen a “mi” candidato, entonces los han manipulado.

Lo paradójico es que el avance del conteo oficial, que absurdamente continúa, puso las cosas en su sitio. El escenario terminó pareciéndose al que había planteado Ipsos: una competencia bastante ajustada por el segundo lugar. Lo que algunos presentaban como un error o una manipulación terminó siendo una lectura más prudente de la evidencia disponible.

Las encuestas, con todas sus limitaciones, cumplen una función informativa importante. Convertirlas en chivos expiatorios cuando no coinciden con expectativas contribuye a que cualquier resultado pueda ser cuestionado sin evidencia, algo muy peligroso en nuestro país que tiene instituciones frágiles. La discrepancia entre Ipsos y Datum no prueba ninguna conspiración, sino es el reflejo de una elección genuinamente reñida. Y la posterior convergencia de la de Ipsos con el conteo oficial muestra que la prudencia analítica suele ser una mejor guía que la certeza apresurada.

El verdadero problema no es que las encuestas se puedan equivocar en contextos reñidos, sino que como sociedad tengamos tan poca tolerancia a la posibilidad de que el resultado no convalide nuestra expectativa. En estos casos, la sospecha florece, así como las acusaciones de fraude. Nada de esto implica ignorar las irregularidades denunciadas en el proceso electoral, las cuales deben investigarse con rigor, pero no tienen nada que ver con las encuestadoras ni con los medios que las publican. A algunos les caería bien una agüita de azahar.

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