¿Qué podía salir mal? Una Sala del Tribunal Supremo en el cogote del Gobierno de coalición progresista vigilando hasta las amígdalas de las resoluciones del Consejo de Ministros y expectante ante posibles quejas y denuncias. Una mayoría (muy) conservadora de jueces en esa sala de lo Contencioso-Administrativo dispuesta a imponer su criterio supremo sobre lo que es democrático y lo que no. La petición a esa Sala por parte de la asociación ultra Iustitia Europa, que se presenta como antipartido, y los ultraderechistas de Vox para que se vete por la puerta de atrás el derecho constitucional al sufragio que es inherente a la nacionalidad española adquirida por decenas de miles de compatriotas porque la ultraderecha y la derecha extrema del PP sospechan de un "pucherazo" urdido por Pedro Sánchez para las elecciones generales, aunque cuando se aprobó la llamada ley de nietos en 2022, todo les pareciera bien durante sus 15 meses de trámite parlamentario.

Pero seguimos: unas medidas cautelares adoptadas por la sección cuarta de esa Sala que dan la razón a los denunciantes ultras y que dejan en el aire el derecho a voto de 163.020 españoles. Un ponente de esa Sala, el........

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