Lo de que la invasión ilegal de Irán por parte de Trump y Netanyahu no tiene nada que ver con el precio de la vivienda es la más absurda de todas las excusas esgrimidas por quienes se niegan a tomar medidas drásticas para garantizar el cumplimiento de este derecho constitucional (art. 47) y recogido asimismo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25). El tope a la subida de los precios del alquiler durante dos años la ha exigido Sumar, el socio minoritario de la coalición del Gobierno, y la han respaldado todos los partidos de izquierdas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. 

La medida se ha recogido finalmente en un segundo real decreto de medidas sociales de emergencia para tratar de hacer frente al sinsentido en el que el ultrasionismo genocida y sus cómplices de matanzas han embarcado al mundo sin oposición fáctica alguna, todo sea dicho. Pese a la lógica inapelable de la necesidad de frenar la especulación obscena con un derecho vital, sobre todo en tiempos de emergencia, el decreto con el tope del alquiler será rechazado en el Congreso por la ultraderecha, la extrema derecha y la derecha nacionalista casi con total seguridad.

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