En la localidad de Sarriguren se están multiplicando los lanzamientos judiciales por impago o finalización de contratos de alquiler desde que cayó el llamado “escudo social”. La moratoria antidesahucios terminó cuando el Congreso rechazó la prórroga del real decreto que mantenía suspendidos numerosos desalojos de familias vulnerables. Desde entonces, los juzgados han reactivado procedimientos paralizados y la realidad ha irrumpido con toda su crudeza en nuestras calles: puertas blindadas con chapas y candados, viviendas vacías y vecinos expulsados de sus hogares.

Todo ello sucede, además, en una zona declarada tensionada, donde los precios del alquiler, al menos sobre el papel, no deberían incrementarse por encima de los límites legales establecidos. Pero la realidad ha encontrado formas de burlar el espíritu de la ley. Ya no hace falta subir oficialmente las rentas: basta con no renovar contratos, presionar a los inquilinos o empujarlos hacia situaciones de impago mediante condiciones y precios imposibles de sostener para muchas familias en situación de vulnerabilidad.

La consecuencia es devastadora. Familias enteras pierden su vivienda no por irresponsabilidad ni por falta de esfuerzo, sino porque acceder y permanecer en un hogar se ha convertido en un privilegio inalcanzable incluso para quienes llevan años trabajando y pagando puntualmente. No se trata de episodios aislados ni de accidentes inevitables. Estamos ante un........

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