Lo ocurrido con el mercado Mutualista en Santa Cruz, no debe tomarse como un caso aislado; sino, más bien como una señal de alerta para nuestras autoridades municipales.

El conflicto generado por la familia Crapuzzi en Santa Cruz ha sacado a la luz algo que podría estar pasando desapercibido en nuestro municipio: la existencia de bienes inmuebles que hasta la fecha no han sido catalogados ni inscritos como propiedad municipal; o contando ya con esa categoría, la generación oficiosa de informes técnicos jurídicos que les quitan la cualidad de bien público para hacerlo figurar como bienes privados.

En ese contexto, una vez posesionadas las nuevas autoridades del Concejo Municipal, resulta imprescindible que requieran y sistematicen toda la información necesaria para verificar el estado real de los bienes inmuebles inscritos a favor del municipio cochabambino.

Los concejales electos deben fiscalizar que los terrenos de dominio municipal continúen como tales; ya que inclusive, posteriormente, algún funcionario comedido y servil a la autoridad podría generar informes técnicos en sentido contrario.

Por ello, el problema no se limita a una eventual omisión de registro; el verdadero riesgo radica en la posible manipulación institucionalizada de la información técnica y jurídica, utilizada como mecanismo para alterar la naturaleza de los bienes públicos.

Lo anterior revela una debilidad estructural en la gestión pública municipal; es decir, la ausencia de controles efectivos sobre la producción y validación de informes técnicos.

Ahora, resulta necesario hacernos una pregunta incómoda pero absolutamente necesaria:

¿Cuántos Mutualistas silenciosos existen hoy en Cochabamba? ¿Cuántas áreas verdes, equipamientos o predios destinados a servicios públicos han quedado en una zona gris administrativa, susceptibles de ser apropiadas por particulares?

Lo que se espera de las nuevas autoridades legislativas son acciones decididas y concretas: la realización de auditorías técnicas y jurídicas integrales sobre todos los bienes municipales, el cruce de información entre Catastro, Derechos Reales; la revisión exhaustiva de todos los informes que hayan modificado la naturaleza jurídica de los bienes e identificación de responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Inclusive, lo anterior no será suficiente si no se avanza hacia una política más estructural: la creación de un registro público, digital, actualizado y transparente de todos los bienes municipales, accesible a la ciudadanía.

Si vamos a continuar con información escasa y fragmentada, la discrecionalidad seguirá siendo terreno fértil para el descontrol de algunas autoridades municipales. ¿Estamos a tiempo de evitarlo? Claramente la respuesta es depende; ¿Depende de qué? De la voluntad política de la Máxima Autoridad Ejecutiva para solucionar este tipo de problemas e incomodar intereses consolidados.

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