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La historia democrática iniciada en la última década de los noventa del siglo pasado ha entrado en una franca deriva hacia la autocratización del sistema político. Esa democracia no era perfecta; por el contrario, se reconoce ampliamente que era incipiente y precaria. En el haber de la transición se cuentan innumerables méritos, algunos de ellos verdaderas conquistas. En el plano del régimen político, podemos sumar el retiro del gobierno del control de las elecciones, la formación progresiva de un sistema electoral profesional y autónomo, la formalización de partidos con reglas que los ordenan y definen su actuar, la organización de las elecciones por los ciudadanos, el asomo del municipio y de la Federación reclamando poder propio. Estos avances tienen el significado de representar un progreso de los derechos políticos sin precedentes en la historia nacional, y los derechos políticos son la base del ejercicio libre –no dosificado por un solo líder o partido oficial– de los derechos económicos y sociales. Este pluralismo institucionalizado no existía antes de 1990.

En el plano del Estado se crearon organismos autónomos y reguladores, como INAI, Coneval, Cofetel, CRE, FGR y ASF, que se sumaron a la CNDH, al Banco de México y a las universidades autónomas. Gracias a la gobernanza plural que brotó de las urnas de 1997 en adelante, se dividieron realmente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y esas instituciones se insertaron como coadyuvantes para regular el poder político y algunos aspectos del poder económico, como la competencia en los mercados, la protección del consumidor y el fomento de las energías limpias, entre otros. Se creó también el Sistema Nacional Anticorrupción (aunque se interrumpió su puesta en marcha) para erradicar ese cáncer centenario.

Pero en 2018 llegó al poder un partido político que presenta a estas instituciones como la obra de una conspiración malévola del “neoliberalismo” y se dio a la tarea de desobedecerlas, circunvalarlas o destruirlas. También ha minado sus fundamentos mediante restricciones presupuestales y legislativas, o incumpliendo la obligación de integrarlas, acompañando estas acciones de la justificación populista típica: “el Estado soy yo porque personifico al pueblo”. Ha conseguido eliminarlas, junto con la división de poderes, e imponer un centralismo vertical de facto, que ha injertado en la Constitución.

¿Qué hizo posible esta destrucción de las instituciones construidas mediante el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas? ¿Qué falló en la institucionalidad creada a partir de 1996 para que un actor decididamente regresivo y autoritario alcanzara tal poder para encabezar el retroceso democrático? Poniendo aparte por ahora los múltiples errores y transgresiones a la ley de gobiernos, partidos, legisladores y jueces antes de 2018 –y sin demérito de los aciertos, que también han sido muchos–, se puede afirmar que el poder presidencial no fue sometido a una reforma suficiente y........

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