El gobierno de Gustavo Petro se adelantó al calendario regulatorio de este año y publicó de forma adelantada el decreto que busca obligar a los fondos de pensiones a traer parte de la plata que tienen invertida en el exterior, que equivaldría a 124 billones, es decir, el 38 % de todo lo que tienen invertido en el exterior. Todo con solo un decreto del Ministerio de Hacienda y en un plazo de 5 años. 

La movida venía cocinándose desde el año pasado y generó tal polémica interna que, según han reportado medios como Bloomberg, llevó a renuncias masivas. El año pasado, Mónica Higuera, la directora de la unidad encargada del tema, confirmó que renunció por estar en desacuerdo. “Yo comparto su visión de un país más justo y equitativo. Pero no a la brava ni a las malas. Debe haber simulaciones técnicas, económicas y jurídicas, actuariales. Pero traer dinero por traerlo no es responsable con los colombianos. Por no hacerlo así, me tuve que ir”, dijo en un trino.

La URF tuvo que correr con el decreto; la entidad la había agendado para el segundo trimestre de este año. Además, en una respuesta escrita de finales de diciembre 2025, la Unidad de Regulación Financiera (URF) le dijo a La Silla que “el proyecto de decreto se encuentra en etapa de construcción técnica y no existe un borrador con definiciones específicas sobre montos, plazos o mecanismos de implementación”; es decir, en solo 1 mes pasó de una etapa de construcción a la publicación del borrador. 

Aunque es menos grave que el plan original, expertos y economistas dicen que se trata de una medida profundamente dañina que genera otra alarma, encima de la emergencia económica y la venta opaca de deuda. 

Anticipan que si se lleva a cabo perderían los pensionados y se generarían distorsiones enormes en la economía que tendrían efectos de largo plazo negativos para el mismo gobierno.

En Colombia la inversión es más baja que en otros países de Latinoamérica y ha caído en los últimos años. Para intentar combatir esa salida de inversión, el gobierno puso en la mira a los mayores inversores del país: los fondos privados de pensiones. 

Los fondos privados de pensiones tienen un valor nominal de 538 billones de pesos, el equivalente a lo que vale el presupuesto nacional de un año. Esta plata fue ahorrada durante décadas por trabajadores bajo el anterior sistema pensional.  

El 48% de ese ahorro privado está invertido por fuera por los fondos. El objetivo del gobierno es obligar a fondos a no invertir más de 30% afuera para 2031 para invertir la diferencia, 124 billones, en Colombia. El decreto plantea un paso paulatino a este límite de 3 años para llegar a un máximo de 35% invertido afuera y después el límite de 30% en 2031.

Este proyecto entró en la discusión pública en octubre de 2025, cuando la exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera, comentó la posibilidad de traer ingresos en el foro de Asofiduciarias. La URF es la entidad dentro del Ministerio de Hacienda que se encarga de regular los mercados de activos, como las pensiones. 

La respuesta fue casi inmediata: expertos y fondos de pensiones salieron a rechazar la medida, e incluso enviaron una carta a Hacienda. Además, el mercado reaccionó. “Solo la expectativa de ese proyecto tumbó la tasa de cambio”, explicó a La Silla Andrés Velasco, presidente de Asofondos. En efecto, el 16 de octubre el dólar cayó 25 pesos tras esa declaración, mientras las demás monedas de la región se depreciaban. Esto se debe a que........

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