Los 144 precandidatos que se midieron en la consulta interna del Pacto Histórico para definir el orden de la lista cerrada al Senado podían gastar entre todos hasta $6.080 millones. Según el CNE ese era el tope legal. Para tener una competencia justa y respetar la ley, entonces, en promedio, cada uno podía invertir y reportar hasta 60 millones de pesos.

Pero los informes publicados hasta ahora en el aplicativo Cuentas Claras muestran que hubo precandidatos que sextuplicaron ese tope mínimo. Otros que, al parecer, maquillaron gastos para no pasarlo. Y unos más que no registraron todos los movimientos por los líos que tuvieron para abrir las cuentas bancarias exigidas por ley. 

Por ejemplo, Pedro Flórez, el más votado, reportó solo 39 millones e hizo grandes eventos. Mientras que Patricia Caicedo, que sacó menos de la mitad de los votos que él, reportó 360 millones. 

Los cuatro partidos de la consulta (Polo, Colombia Humana, UP y Progresistas) dejaron en manos de cada uno de los precandidatos qué tanto querían gastar y reportar. El control se limitó únicamente al cumplimiento de la entrega de los documentos, que en total acreditan un gasto de 3.705 millones de pesos.  

Al Consejo Nacional Electoral (CNE) ya han ido llegando denuncias advirtiendo esas anomalías. Coinciden con las que ya se han hecho públicas sobre los informes de ingresos y gastos de la consulta presidencial entre Iván Cepeda y Carolina Corcho, quienes hasta ahora han dado respuestas escuetas sobre esas denuncias.  

Por hechos similares fue sancionada la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 y la del Senado va en embargos y pleitos judiciales. 

La consulta fue un éxito electoral. Con 2,7 millones de votos para la lista de Senado, llenó de esperanzas a la izquierda de mantener una de las bancadas más grandes del Congreso. Detrás hubo un ejercicio de democracia interna sin precedentes en Colombia, ayuda del gobierno Petro e influencia de maquinarias de política tradicional, con denuncias de compra de voto incluidas.  

Se dio en medio de una regulación incompleta, vigilancia mínima y reglas poco claras. La ley no dice cuánto de ese máximo puede gastarse cada uno de los candidatos. Entonces, en el Pacto decidieron dividir el tope de 6 mil millones por el número de curules a proveer, 100, y eso dio el promedio de los $60 millones para cada uno. 

“Así lo entendimos pensando en el colectivo. Tope general, dividido en las curules. Y eso dio el dato de $60 millones”, dice la representante Támara Argote, que reportó $55........

© La Silla Vacía