Como vimos en dos artículos que publiqué previamente en este espacio[1], según información estadística oficial del MEF y MTPE, las exportaciones agropecuarias no tradicionales de nuestro país son casi 30 veces mayores que en el año 2000; lo cual ha venido acompañado de un incremento significativo de las utilidades empresariales y del empleo formal, pero no de las remuneraciones y otros beneficios (condiciones laborales) de los trabajadores de la agroexportación.

Considerando lo señalado, queda claro que urge contar con una nueva ley agraria para los trabajadores asalariados del campo, que equipare totalmente sus derechos laborales y de seguridad social con los del régimen general; brinde estabilidad laboral (continua o discontinua, según corresponda); garantice el ejercicio del derecho a la sindicalización y fomente la negociación colectiva; reduzca progresivamente los beneficios tributarios otorgados a la agroexportación; fortalezca la fiscalización laboral, etc.

¿En qué consistiría una nueva ley para los trabajadores agrarios?

Una nueva regulación laboral agraria cuyo objetivo central sea que el crecimiento económico del sector se traduzca en más empleo formal, mayores remuneraciones y mejores condiciones laborales y de vida para los trabajadores, debería tener las siguientes características[2]:

Ámbito de aplicación: trabajadores dependientes (asalariados) que lleven a cabo actividades dirigidas a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas agrícolas, pecuarias, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que éstos no hayan sido sometidos a ningún proceso industrial.

Régimen laboral: los trabajadores agrarios se sujetarán a las normas del régimen laboral general privado, regulado por el TUO del D. Leg. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por DS 003-97-TR, y las demás normas que, con carácter general, regulan los beneficios laborales.........

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