A seis meses de las elecciones generales de 2026, la vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso el 9 de octubre de 2025, marca un punto de inflexión en la crisis de gobernabilidad. Lejos de ser un acto de rectificación política, esta decisión revela los cálculos de una coalición parlamentaria que, tras haber sostenido un gobierno cuestionado por ineficacia y acusaciones de corrupción desde diciembre de 2022, busca reposicionarse electoralmente. La designación de José Jerí como presidente, bajo la sombra de una denuncia por violación archivada, consolida un parlamentarismo de facto que profundiza la erosión de la institucionalidad.

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