La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anunciada esta semana no es sólo un error de política económica: es un atentado contra la capacidad de millones de personas para insertarse en el mercado laboral. El SMI no es una cuestión de dignidad o justicia social, como proclama el mantra progresista, sino una herramienta profundamente excluyente. En la práctica, un salario no es otra cosa que un precio: el precio del trabajo. Y cuando los precios se fijan por decreto, lejos de reflejar la escasez relativa de un factor productivo o su contribución real a la creación de valor, se convierten en distorsiones que obstaculizan los intercambios voluntarios y degradan los incentivos. Los salarios, como cualquier precio, cumplen una función señalizadora. Indican el valor del trabajo y forman parte del precio final del bien o servicio, en un momento concreto. El empresario el coste, fijado mediante acuerdo entre las partes. Si ese coste se eleva artificialmente por una alteración gubernamental del acuerdo, el empresario tendrá que contratar menos, recortar horas o automatizar más los procesos (si puede), e incluso podrá verse obligado a producir menos poniendo en riesgo el resto de los empleos de su plantilla. El SMI, que es un precio mínimo impuesto a la fuerza, perjudica sobre todo a las........

© La Región