La detención de dos miembros de Jardun –una agrupación de disidentes de la línea política principal de la izquierda abertzale, partidarios de reemprender la campaña armada de ETA– y su encarcelación bajo la acusación de terrorismo, suscita la cuestión de las necesidades de financiación que pudiera tener una organización emergente de esta naturaleza. En España hemos tenido dos experiencias bien distintas de grupos terroristas que nos pueden ayudar a encontrar la respuesta. La primera fue la del GRAPO, que estuvo activo entre 1975 y 2007 y que cometió........

© La Razón