Seis años después de la COVID-19, España continúa afrontando las crisis sanitarias con una precaria legislación; no se ha impulsado una reforma profunda y moderna del marco jurídico aplicable a las enfermedades infecciosas. El resultado es que el país sigue dependiendo esencialmente de una escueta ley aprobada en 1986. La LO 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, fue el instrumento utilizado para justificar buena parte de las restricciones sanitarias durante la pandemia. Su artículo 3 permite a las autoridades adoptar «las medidas oportunas» frente a enfermedades transmisibles. El problema es que la norma apenas concreta cuáles son esas medidas, cómo deben aplicarse, qué límites tienen o qué garantías judiciales exigen. Una cláusula abierta, pensada para otra época, terminó soportando decisiones que afectaban a millones de ciudadanos. Durante el COVID, España vivió una situación jurídicamente caótica. Mientras unas comunidades autónomas imponían cierres perimetrales, otras los rechazaban. Algunos tribunales autorizaban restricciones severas y otros las anulaban por considerarlas........

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