Negociadores obstruyen mandato constitucional sobre convocatoria a elecciones presidenciales

por CELIZ RAMON MENDOZA 31/10/2026, 11:12 PM

La falta absoluta del Presidente de la República es materialmente definitiva y obliga de manera indefectible a convocar elecciones presidenciales. Resulta inconcebible que la ejecución de las normas constitucionales esté sometida a la aprobación de intereses particulares

​Las consecuencias que producen algunos actos, los cuales por su naturaleza reflejan una realidad indiscutible bien por su origen o por sus efectos, no dan lugar a dudas ni a interpretaciones capciosas que pretendan desvirtuar su contenido. Dichos actos deben ser objeto de riguroso análisis para conocer su justificación o, por el contrario, su evidente reparo.

​Todo acto humano tiene un objeto, una causa y un interés, ya se produzca de un modo espontáneo o premeditado. A título ilustrativo, en materia de derecho civil rige una máxima indiscutible: «El que cause un daño a otro con intención, impericia, imprudencia o negligencia, está obligado a repararlo». Toda actuación jurídica relevante posee, por tanto, su origen, su causa y su interés determinables.

​Este preámbulo se trae a colación con el propósito de definir el verdadero alcance de los actos y efectos producidos por los acuerdos alcanzados hasta la fecha en el seno de la Mesa de Transición.

​Origen, objeto, causa e interés

​Cuando se planteó el tema de la Transición, se generó una expectativa favorable orientada a buscar un entendimiento entre las partes en conflicto; es decir, aquellos que se atribuyen la representación de los afectados e interesados (el Pueblo de Venezuela), con el fin de hallar el camino más viable hacia una solución pronta y satisfactoria en estricta garantía de sus derechos constitucionales.

​El tema central que dio origen al conflicto fue la consecuencia jurídica producida por la falta absoluta del Presidente de la República. Dicha ausencia resulta materialmente definitiva y, por consiguiente, obliga de manera indefectible a convocar elecciones presidenciales. Sin embargo, lejos de aplicar el mandato constitucional —cuya ejecución es de estricta obligatoriedad conforme a los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela—, se pretende que, a través de este proceso de transición, las partes negocien y condicionen su cumplimiento.

​Desde la perspectiva del Derecho Constitucional, resulta inconcebible que la ejecución de las normas constitucionales esté sometida a la aprobación de intereses particulares. Por el contrario, se debe procurar la efectividad de estos derechos en el menor tiempo posible mediante un entendimiento razonable. Esto incluye la designación del organismo competente para llevar a cabo el proceso comicial: el Consejo Nacional Electoral (CNE), único ente autorizado para convocar las elecciones destinadas a cubrir la vacante presidencial. Este es el objeto, la causa y el interés supremo de la norma constitucional, y no el interés manifiesto de los actores que integran la Mesa de Transición, tal como se evidencia de lo acordado hasta la presente fecha.

​La inejecución deliberada de estas normativas constitucionales obliga, en un verdadero Estado de Derecho, a calificar a los negociadores como obstruccionistas por el incumplimiento de la Constitución. Asimismo, cualquier organismo u actor que avale u omita sancionar tal conducta se convierte en cómplice de dicho quebrantamiento por omisión.

​Constituye un hecho público y notorio el incumplimiento de las referidas normas constitucionales, por cuanto los actos acordados por los integrantes de la Mesa de Transición no guardan relación con la causa que motivó su creación. Por el contrario, según las declaraciones de sus voceros, pretenden dar prioridad a situaciones ajenas al mandato constitucional; es decir, apartándose del objetivo central que justificaba el entendimiento: lograr un proceso electoral estrictamente ajustado a la legalidad........

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