La legitimidad política se refiere a la justificación del ejercicio del poder por parte de los gobernantes. Pero hay que distinguir entre dos clases de legitimidad: la legitimidad de origen y la de ejercicio (o «de gestión»). La primera está ligada a la justificación de la autoridad en referencia a la validez de los títulos que otorgan el acceso al poder; a la segunda se la asocia con la justificación de la autoridad con relación a las decisiones políticas adoptadas durante la administración del poder. Así, el actual presidente del Gobierno encontró su legitimidad de origen en la investidura por el Congreso de los Diputados en 2013; en una misma Cámara que ahora acaba de aprobar una inédita exigencia de que se someta a una cuestión de confianza. Sin embargo, frente a los casos de corrupción que acechan el ejercicio del poder, Pedro Sánchez antepone siempre aquella legitimidad de «origen» a la vez que, paradójicamente, orilla la responsabilidad parlamentaria mientras las miradas se vuelven, como ha señalado Pedro Cruz, hacia otro tipo de responsabilidad previsto en la Constitución, «la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno» (artículo........

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