Acaban de celebrarse en Las Palmas de Gran Canaria unas magníficas jornadas organizadas por el CGPJ y el Gobierno de Canarias, en torno al Pacto Europeo de Migración y Asilo: el nuevo marco normativo de gestión de los flujos migratorios basado en la solidaridad y responsabilidad. En realidad, el Pacto se trata de un conjunto de Reglamentos comunitarios, es decir, de normas de aplicación directa en España, como país de frontera exterior de la Unión, que tiene la obligación de hacer efectivas estas disposiciones en su ordenamiento interno.

Pues bien, dos años después de la aprobación del Pacto europeo, el Gobierno ha presentado unos anteproyectos que, lejos de ser el fruto de una reflexión sosegada y participada, parecen la respuesta apresurada a una grave crisis que ya ha ocurrido en Ceuta. Esta reforma legislativa llega así tarde y no presagia una implementación ordenada ni dotada de los recursos necesarios. Los anteproyectos legislativos introducen novedades importantes en el procedimiento de gestión de las solicitudes de protección internacional. La más relevante es la incorporación de un «triaje» en la frontera para las personas que entran de forma irregular, que incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de........

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