Lo que Chevron, Repsol y sus socios necesitan entender antes de firmar el próximo contrato en Venezuela

Venezuela produce hoy más de 900.000 barriles diarios de petróleo. Chevron opera en el país bajo licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Repsol, Eni, Shell y British Petroleum mantienen acuerdos activos. La inversión extranjera regresa. Y sin embargo, el sistema de justicia que va a resolver las controversias de esas inversiones —los contratos de suministro, los conflictos laborales con los tercerizados, los litigios con proveedores de transporte y servicios, las disputas entre socios— es exactamente el mismo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó en su Informe de Derechos Humanos 2024 como un sistema donde “no se tomaron medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos de derechos humanos”. Esa paradoja no es un detalle administrativo. Es el mayor riesgo no declarado de la economía venezolana en la pre-transición.

El informe del Departamento de Estado documenta con precisión lo que el sistema de justicia venezolano ha sido y sigue siendo: un instrumento del poder ejecutivo, no un árbitro independiente. Detenciones arbitrarias, torturas documentadas por el SEBIN y la DGCIM, desapariciones forzadas, restricciones sindicales sistemáticas, 361 muertes registradas por el Monitor del Uso de la Fuerza Letal solo entre enero y agosto de 2024, ningún funcionario sancionado. El informe constata además que el 47% de la población activa trabaja en la economía informal, donde la ley laboral no se aplica, y que los sindicatos independientes son hostigados, sus líderes detenidos —como el profesor Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Educación, arrestado en enero de 2024— y sus elecciones intervenidas por el Consejo Nacional Electoral. Un juez o magistrado formado en ese sistema, nombrado por ese sistema y dependiente de ese sistema para mantener su cargo, no puede ser el árbitro confiable que ninguna inversión seria puede aceptar.

El caso Bittar: un perfil que la comunidad inversora debe conocer

El caso del magistrado Elías Rubén Bittar Escalona ilustra con precisión el problema estructural. Bittar fue designado magistrado de la Sala de Casación Social del TSJ el 26 de........

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