Purga política, no reforma judicial. Lo que la CIDH ya documentó y Venezuela no puede ignorar

El 21 de abril de 2026, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo —esa que usurpa las funciones legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional electa en 2015— designó una comisión preliminar de once diputados para iniciar el proceso de renovación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El 24 de abril, apenas iniciado el proceso, el abogado Zair Mundaray reveló que ya habían sido notificados de su jubilación seis magistrados, entre ellos Maikel Moreno, expresidente del TSJ, y Edgar Gavidia Rodríguez, excuñado de Cilia Flores. La Asamblea abrió la recepción de candidatos para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales entre el 24 de abril y el 1 de mayo. El proceso oficial invoca los artículos 270 de la Constitución y 64, 65, 67 y 68 de la Ley Orgánica del TSJ. Todo parece institucional. Nada de lo que está ocurriendo lo es.

Para entender lo que realmente está en juego, hay que leer este proceso en su contexto: no se está removiendo a magistrados por sus responsabilidades en graves violaciones de derechos humanos, ni porque una reforma estructural del Poder Judicial lo demande. Se están removiendo magistrados afines al madurismo-florismo para sustituirlos por magistrados afines al rodriguismo. El patrón es exactamente el mismo que se aplicó con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo: primero se fuerza la salida del operador comprometido con la fracción desplazada, luego se instala el operador de la nueva fracción dominante, y el aparato judicial sigue siendo un instrumento político. Cambia el dueño. No cambia la naturaleza.

Lo que la CIDH documentó: veintiséis años de colapso judicial

El Informe Anual 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobado el 17 de diciembre de 2025 y transmitido al Estado venezolano el 20 de enero de 2026 sin que éste presentara observaciones, dedica un capítulo extenso a la situación de la independencia judicial en Venezuela. Sus conclusiones son devastadoras y constituyen el marco que permite leer con rigor el proceso que hoy se anuncia. La CIDH advierte, de manera consistente y documentada, que en Venezuela no hay independencia judicial desde hace décadas. Esta ausencia ha permitido la concentración del poder público en el partido oficialista, ha producido corrupción sistémica y ha generado impunidad ante las violaciones más graves de derechos humanos, especialmente contra quienes disienten del régimen.

La erosión de la independencia judicial, según la CIDH, se construyó sobre cuatro pilares: la alta provisionalidad de los jueces, el........

© La Patilla