“Los buenos gobiernos son aquellos que: (1) son representativos de la población a la que se supone que representan y responsables ante ésta; y (2) efectivos, es decir, capaces de proteger a la población de la violencia, de garantizar la seguridad de los derechos de propiedad y de proporcionar los bienes públicos que el pueblo necesita y desea” Margaret Levi

En la antigüedad y durante el absolutismo, el poder político no rendía cuentas ante los ciudadanos. Bajo la premisa de que “el Rey no puede equivocarse” (The King can do no wrong), el monarca solo respondía ante Dios.

Sin embargo, el origen de la responsabilidad política moderna nace en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Para limitar el poder absoluto de la Corona sin atacar directamente al rey, el Parlamento inglés empezó a exigir responsabilidades a los ministros y consejeros que ejecutaban las órdenes reales. Así nació el impeachment (juicio político) y, más tarde, la idea de que un gobierno necesita la confianza del Parlamento para gobernar. Si se perdía esa confianza, el ministro debía dimitir.

Antes de continuar, hay que atender una interrogante, ¿Qué es la responsabilidad política? Ciertamente, el ejercicio del poder en su evolución impuso a los detentadores una obligación de rendir cuentas de su prestación, vale decir; mientras se le atribuye una facultad se le reclama una gestión. En esa dinámica emerge una sanción en la responsabilidad como resultado de un desempeño cuestionable que exhibe una gama de posibles fundamentaciones; puede ser por acciones del funcionario que configuren delito, causen un daño al patrimonio público, afecten gravosamente a otro, desviándose o transgrediendo su deber, ocasionando una responsabilidad para el Estado en virtud del riesgo........

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