En el marco de las conversaciones políticas entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y los voceros del Ejecutivo, la agenda suele concentrarse en esquemas de gobernabilidad, acuerdos electorales o la flexibilización de sanciones.

Sin embargo, existe un punto crítico que no admite postergaciones ni puede tratarse como una ficha de cambio secundario: la restitución plena e inmediata de las libertades de expresión, información y opinión.

Sobre estos derechos no hay un debate doctrinario pendiente ni espacio para el regateo político; su vigencia es un mandato constitucional que exige únicamente voluntad política para hacerse efectivo.

Tratar las garantías ciudadanas como variables sujetas a concesiones tácticas desvirtúa la naturaleza misma del Estado de derecho. Los artículos 57 y 58 de la Constitución........

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