“El poder se sostiene no solo por la fuerza, sino por el consentimiento que logra organizar en la sociedad.”
Antonio Gramsci

Durante mucho tiempo, la palabra paz fue una promesa. En las transiciones políticas, significaba reconciliación después del conflicto, la aceptación mutua de reglas comunes y la voluntad de convivir en la diferencia. Hoy, en Venezuela, esa palabra parece haber cambiado de significado. La paz ya no se invoca como acuerdo, sino como silencio. No como encuentro, sino como suspensión del conflicto. Y cuando la paz exige callar, deja de ser paz y se transforma en silencio impuesto.

La idea que atraviesa el debate venezolano actual es tan sencilla como peligrosa: el país debe estabilizarse antes de democratizarse. Presentada así, parece una obviedad técnica, casi un consejo de sentido común. ¿Quién podría oponerse a la estabilidad? Sin embargo, bajo esa fórmula se esconde una inversión profunda del orden democrático. La estabilidad deja de ser un medio para convertirse en un fin; la democracia, en cambio, pasa a ser una promesa aplazada, una recompensa futura condicionada al buen comportamiento presente.

Esta lógica no se anuncia como una renuncia a la democracia. Sería demasiado explícito. Se presenta, más bien, como una necesidad inevitable, como el precio que hay que pagar para evitar el caos. En nombre de esa necesidad se aceptan mecanismos de excepción, reformas controladas y un entorno político disciplinado. Pero la historia recuerda que toda democracia diferida en nombre de la estabilidad suele convertirse en una promesa sin fecha.

El contexto internacional refuerza esta tendencia. La transición venezolana ha quedado marcada por la influencia decisiva de la administración del presidente 47 de Estados Unidos, Donald Trump, cuya prioridad estratégica ha sido clara: recuperar la economía venezolana a través de la reactivación del sector petrolero. Para que la inversión regrese, se repite, hace falta previsibilidad, seguridad jurídica y ausencia de sobresaltos........

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