Demostrado en los últimos años la Consejería su incapacidad para dotar al Consorcio de Bomberos de la Región de Murcia, no solo de personal, sino de la infraestructura necesaria, más aún, en sus diferentes propuestas que ha realizado, el desconocimiento técnico que tiene sobre el funcionamiento de la administración pública es algo más que preocupante, llegando incluso a plantear en sede parlamentaria auténticas barbaridades, ha llegado la hora de que los ayuntamientos de la región, excepto las dos principales ciudades, Murcia y Cartagena, a los que presta servicio el propio Consorcio, asuman la responsabilidad y exijan una mayor inversión en un servicio público esencial.

De todos es conocido, y hay que reconocer que no se esconden, que las propuestas en materia de lucha y extinción de incendios, que realizan los partidos denominados conservadores y ultras, apuestan por privatizar el servicio, más aún, los seguidos de Trump en España, me refiero a VOX, defienden, de manera legítima, que nadie lo olvide, que tener Cuerpos de Bomberos privados, es una opción política, de hecho, en los incendios del pasado año en EE.UU., se salvaron aquellas mansiones que tenían sus propios equipos de Bomberos privados, ya que los públicos apenas tenían capacidad para hacer frente a los mismos .

Los Alcaldes y Alcaldesas de la Región de Murcia deberían ser los primeros interesados en que sus municipios no sigan sufriendo la nefasta gestión de los parques actuales, donde no solo hay vehículos más de tres años inutilizados, sino que ante cualquier catástrofe, el número de efectivos y material, es manifiestamente insuficiente.

Como muestra un botón: Alicante con cerca de dos millones de habitantes, la Diputación cuenta con unos 700 bomberos y unos cien millones de presupuesto (no se tiene en cuenta la capital alicantina, que tiene su propio servicio de extinción con unos 200 efectivos), mientras la Región, con un millón seiscientos mil habitantes, el Consorcio presta servicio a la totalidad de los municipios, excepto Murcia y Cartagena, cuenta con apenas 400 efectivos y menos de 40 millones de presupuesto, el cual no se ejecuta el 100% por cierto.

Podemos seguir apostando porque los bomberos vayan haciendo guardias extras por los municipios en los que, por bajas laborales, vacaciones o cualquier otra situación administrativa, requiera cubrir sus turnos, pero eso lo único que nos llevará es a prestar un servicio de baja calidad, la antesala de la privatización.

En cuestión de extinción de incendios está prácticamente todo inventado, solo hay que hacer caso a los profesionales, ver en que regiones funcionan mejor los modelos y donde se ofrecen respuestas profesionales que pongan en valor este servicio público esencial y exportarlo a nuestra querida región, pero a veces o no sabemos o no queremos que estos servicios esenciales funcionen.

Lo más positivo, es que una parte importante de la sociedad comienza a despertar, aunque sea a base de incendios que no se pueden apagar de manera inmediata, de accidentes a los que se llega tarde, o al ver a un vehículo privado ser utilizado por bomberos desesperados.

Privatizar el servicio de extinción de incendios es una opción política, lo mejor para llegar a esta conclusión es deteriorar el servicio público, pero hay otras alternativas más económicas, fiables y seguras, una buena gestión pública, pero de momento, como dice la famosa frase del jefe de la casa real en aquel intento de golpe de estado: ‘Ni está ni se le espera’.

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