Asumir el desacierto y acotar responsabilidades, única salida para el gobierno de Barbón: el análisis de la crisis minera que azota la Principado

El rotundo informe sobre el Servicio de Minas deja claro un fallo sistémico y sostenido que impidió atajar lo que sucedía en Cerredo

Barbón da un abrazo de despedida en la Junta a Belarmina Díaz tras su dimisión como consejera de Industria días después del accidente en Cerredo con cinco mineros fallecidos. / Luisma Murias

La publicación esta semana del informe de la Inspección General de Servicios ha cambiado el eje del debate sobre el accidente minero de Cerredo, en el que en marzo de 2025 murieron cinco trabajadores por una explosión de grisú mientras extraían carbón de forma ilegal. La investigación judicial sigue su curso y de ella saldrán responsabilidades penales. Pero ahora, con 318 folios de análisis sobre el funcionamiento del Servicio de Minas y otros departamentos de la Administración, la pregunta es otra: si el Principado actuó con la debida eficacia ante lo que estaba ocurriendo. Y no puede olvidarse: el resultado final fue la pérdida de cinco vidas.

El documento dibuja un fallo sistémico. No identifica un error concreto, sino una cadena de decisiones, omisiones y debilidades por las que se colaron todos los indicios de que en Cerredo se estaba dejando terreno expedito a un empresario dispuesto a extraer carbón tuviese permiso o no. Jesús Manuel Rodríguez Morán, "Chus Mirantes", nunca lo ha ocultado. Y la Administración no solo no supo o no quiso detectar ese propósito, sino que adoptó decisiones que facilitaron ese escenario en una explotación que se encontraba en una lógica de cierre subvencionado. Ese es el terreno del debate sobre las responsabilidades políticas.

"Hechos probados". El informe no los señala, ni le corresponde hacerlo, pero fija los hechos y acota el margen de defensa. A estas alturas, muchas de las posiciones que el PSOE podría haber sostenido ante el dictamen de la comisión de investigación han quedado debilitadas. Cuestiones que hasta ahora podían considerarse hipótesis pasan a estar respaldadas por un análisis interno que los socialistas no podrán rebatir.

Ese cambio ha tenido reflejo inmediato en el plano político. La ejecutiva de la FSA celebrada esta semana evidenció que no existe una posición única dentro del socialismo asturiano. Hubo más de una voz reclamando la asunción de responsabilidades políticas, en una línea que no solo ha defendido el SOMA. No es un matiz menor: para el PSOE, la minería en Asturias forma parte de su historia y de su identidad política. Precisamente por eso, la respuesta a Cerredo no puede limitarse a una defensa de los procedimientos, sino que debe tener en cuenta a las víctimas y a sus familias, quienes esperaban de la Administración que cumpliese su función de vigilancia y de garante de la legalidad.

¿Existe responsabilidad política? La respuesta es difícilmente discutible. Del mismo modo que los dirigentes políticos asumen los méritos cuando la acción pública funciona, deben reconocer el demérito cuando falla de forma tan evidente. La responsabilidad política no se mide en términos de legalidad ni de culpa individual, sino en la adecuación del ejercicio del poder a los riesgos que debía gestionar. No se trata de determinar si se actuó conforme a norma, sino de valorar si se hizo con la diligencia suficiente para evitar el resultado.

Desde esa perspectiva, resulta lógico concluir que quienes han tenido responsabilidades de dirección en el área de Minas desde 2019 –Enrique Fernández, Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y el exviceconsejero Isaac Pola– las tienen también sobre su funcionamiento. Podrán discutirse los grados, pero no su existencia. En el caso del presidente Adrián Barbón, la responsabilidad es inherente al cargo: dirige el Gobierno, define su organización y decide los nombramientos.

Decisiones o indecisiones políticas. El informe señala con claridad las áreas en las que esa responsabilidad debe analizarse. La organización de la Administración no es neutra. La supresión del Servicio de Seguridad Minera en 2019 fue una decisión política. No se discute su legalidad, sino su oportunidad. Y el dato relevante es que ya en 2021 la propia Inspección General de Servicios advertía de deficiencias organizativas, de funcionamiento y de control que ahora se reiteran. Ninguna de esas deficiencias se atajó.

Tampoco se dotó al servicio de los medios necesarios, y los actuales gestores políticos reconocen importantes carencias en herramientas digitales. En procedimientos clave, como la transmisión de derechos mineros, el control debió ser más exigente.

Especialmente delicado es el uso de los Proyectos de Investigación Complementarios (PIC). El informe no los invalida de forma expresa, pero sí deja en evidencia la fragilidad de su aplicación en Cerredo, especialmente por el contexto, en una explotación en proceso de cierre, con actuaciones de restauración en marcha.

El punto clave es 2022. El accidente de ese año, en el que se constató extracción ilegal de carbón, debía haber marcado un antes y un después. Sin embargo, los indicios de actividad irregular no derivaron en una respuesta contundente. La tramitación sancionadora fue vacilante, incluso se rebajó la calificación de gravedad y el entramado empresarial continuó operando bajo otra denominación.

El documento también evidencia deficiencias en la gestión de denuncias y avisos, incluidas las advertencias de la guardería de Medio Natural. Aunque se realizaron inspecciones, resulta llamativo que no detectaran irregularidades que posteriormente fueron descritas por los propios trabajadores. Pero el informe no analiza el contenido técnico de esas inspecciones, sino su tramitación administrativa. No entra en qué se detectó, sino en cómo se gestionó.

Una batalla inevitable. La conclusión es clara: no se trata de un error aislado, sino de un cúmulo de problemas de organización, de medios, de procedimientos y de seguimiento sostenidos en el tiempo. Por eso, la batalla por las responsabilidades políticas es inevitable. No es lo mismo un fallo puntual que un sistema que acumula debilidades sin ser corregido. La principal responsabilidad reside en no haber garantizado un aparato administrativo robusto en un ámbito de riesgo. Y otra, no menor, en haber tomado decisiones que facilitaron la continuidad de la actividad en una explotación que debía estar cerrándose, e incluso adoptar un modelo poco claro jurídicamente para reabrir minas.

En las próximas semanas, el "caso Cerredo" entrará en la fase de confrontación política abierta. La oposición de la derecha hará lo que cabe esperar: elevar el tono, exigir dimisiones y utilizar la responsabilidad política como instrumento de desgaste. Forma parte de la lógica parlamentaria.

El Gobierno tiene su riesgo en la respuesta; también su oportunidad. Enrocarse en la defensa de los procedimientos o negar cualquier fallo en la dirección política –por acción, omisión o incapacidad de detección– no debilita el discurso de la oposición: lo refuerza. Y además lo deja aislado frente a sus propios aliados. Ni Izquierda Unida ni la diputada Covadonga Tomé están dispuestos a avalar un dictamen que eluda las responsabilidades.

Noticias relacionadas

Credibilidad. El dictamen de la comisión necesitará credibilidad. Y pasa, necesariamente, por el reconocimiento de responsabilidades políticas, aunque su alcance sea objeto de negociación. El PSOE no decidirá si existen, sino dónde fija el límite. El único movimiento para el Gobierno es anticiparse porque mantener un discurso empecinado en afirmar que no existen responsabilidades políticas ni nadie dispuesto a asumirlas solo conducirá el debate a una salida: señalar a quien por definición es el responsable último.

Suscríbete para seguir leyendo

Atención conductores: la autopista A-66 permanecerá cortada durante dos semanas a su paso por Oviedo

Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza asturiana: 'Son increíbles

El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa

Oviedo se prepara para el Martes de Campo: este es el cartel y la programación para una de las fiestas más populares

El presidente de Alcoa que vendió la planta de aluminio de Avilés entrará en el consejo de ArcelorMittal

Paulino, uno de los héroes del ascenso, a fondo: 'Cuando me dijeron que no seguía en el Oviedo les dije que lo entendía pero que trajeran a uno mejor que yo

ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano

El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas

Asumir el desacierto y acotar responsabilidades, única salida para el gobierno de Barbón: el análisis de la crisis minera que azota la Principado

De diciembre a abril (y lo que queda): la autopista de peaje del Huerna sigue en obras y el Ministerio no da explicaciones ni plazos

La bomba del Lunes de Pascua que provocó la gran crisis de gobierno: LA NUEVA ESPAÑA adelantó el informe que ha sacudido los cimientos de la política asturiana

En el concejo de Asturias con menos mujeres: "En mi pueblo viven mi marido y tres solteros"

Pablo Rodríguez, director de Innovación de Google, que inaugura mañana la XI Semana de la Ciencia "Margarita Salas": "La IA es como condensar 800 años de saber humano en un semestre"

Agenda: qué hacer hoy domingo 12 de abril en Asturias

Pablo Rodríguez, director de Innovación de Google, abre la XI Semana de la Ciencia "Margarita Salas" de LA NUEVA ESPAÑA

Las razones del furor extranjero por la vivienda en Asturias se resumen en una: "No hay un lugar mejor"

© La Nueva España