Fin a la larga instrucción del accidente de Cerredo en 2022: Chus Mirantes, su mujer y un ingeniero, señalados por la muerte de un trabajador y la amputación que sufrió otro

La magistrada aprecia posibles delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia, y las acusaciones deben concretar ahora las penas que solicitan para abrir juicio oral

Declaración en el juzgado de Cangas del Narcea del empresario Chus Mirantes. / Luisma Murias / LNE

Tres años y diez meses después del accidente laboral mortal ocurrido en la mina de Cerredo, en Degaña, en 2022, la Justicia ha dado por concluida la instrucción del caso. El Tribunal de Instancia de Cangas del Narcea ha acordado que las diligencias continúen por los trámites del procedimiento abreviado al apreciar indicios de posibles delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia. En el siniestro, que se produjo tras volcar un dumper que transportaba carbón extraído ilegalmente, falleció Richard Daniel Sander, de 41 años, y sufrió heridas graves otro empleado, al que se le tuvo que amputar una pierna.

El auto, dictado el pasado 14 de julio, dirige el procedimiento contra la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl), su propietaria, Ana María Rodríguez García; su marido, Jesús Manuel Rodríguez Morán, "Chus Mirantes", a quien la juez atribuye indiciariamente la condición de administrador de hecho de la compañía, y Roberto Valdés González, ingeniero de Combayl y propietario de la empresa Vyntools. Mirantes es el mismo empresario investigado por la otra tragedia de Cerredo en la que murieron cinco mineros en 2025, cuando operaba bajo otra empresa, Blue Solving, que se hizo con derechos del yacimiento tras el siniestro de 2022.

La resolución judicial pone fin a una prolongada investigación judicial, que se prorrogó más todavía para incluir a Chus Mirantes como hombre que ejercía realmente el poder y la gestión de la mina pese a que no figuraba entre los cargos de Combayl. Y abre la fase en la que las partes deberán formular escritos de acusación o defensa. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares disponen de un plazo común de diez días para solicitar la apertura de juicio oral y concretar las penas que reclaman. La magistrada de Cangas del Narcea, Marta Ruiz Rivera, da así por concluida la........

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