La agresividad contra México no proviene sólo de la boca errática de Trump, sino también del Congreso estadunidense en representación de intereses empresariales. La Cámara de Representantes aprobó el 27 de marzo, por 247 votos a favor (incluyendo a 41 demócratas) y 164 en contra, la Ley de Defensa de la Propiedad Estadunidense en el Extranjero, presentado por el republicano texano August Pfluger. 

De acuerdo con Pfluger, “la necesidad de esta legislación es evidente. Durante años, el gobierno mexicano ha intentado hacerse del control de un puerto de aguas profundas propiedad de la empresa Vulcan Materials Company. Esta medida viola directamente el T-MEC (sic, la demanda es bajo el TLCAN), que regula el comercio entre nuestros países, y pone en peligro los puestos de trabajo y los intereses económicos estadounidenses” (https://tinyurl.com/mv6um4ct). 

La demanda de la minera Vulcan contra México por mil 900 millones de dólares sigue su curso y el gobierno de México busca llegar a un arreglo. Pero, ¿cómo? Queda la pregunta al aire. Paralelamente, el gobierno se congratula de haber “prevalecido” en el caso de la operadora de taxímetros canadiense ES Holding and L1Libre, la cual tenía demandado a México por 2 mil 300 millones, pero que perdió el caso. Ahora cabe la pregunta: ¿cuánto dinero y recursos gastó México en seis años de litigio? (https://tinyurl.com/8vwdk762). 

Y en el mismo ámbito del arbitraje supranacional, la empresa minera británica Cadence Minerals ha obtenido financiamiento de terceras partes para demandar a México, bajo el........

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