El 5 de enero de 2026 Nicolás Maduro Moros declaró: "Soy el Presidente de Venezuela, me considero prisionero de guerra". Ambas afirmaciones son verdaderas. De ambas se desprenden consecuencias incontestables.

En efecto, nuestro legítimo Presidente es prisionero de guerra, secuestrado durante un ataque militar no provocado, no precedido de declaratoria formal de hostilidades ni de la indispensable autorización del Congreso de EEUU, circunstancias que crean una situación de hecho, pero no de derecho. Examinémosla.

Los poderes del Congreso de EEUU son definidos en su Constitución, cuyo artículo 1, sección Octava, incluye entre sus atribuciones: (...) "Declarar la guerra, expedir patentes de corso y represalia, y legislar lo concerniente a capturas en mar y tierra". El bloqueo y posterior invasión de Venezuela constituyen innegables acciones de guerra, tanto por sus perpetradores como por la naturaleza de los hechos, y carentes de efectos jurídicos por su obvia inconstitucionalidad e ilegalidad en los propios términos de la normativa del agresor.

En cuanto a los perpetradores, se trató de unidades del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea de EEUU. Aunque hubo variantes en las fuerzas desde el primer ataque contra una lancha pesquera venezolana el 2 de septiembre de 2024, podemos resumir sus contingentes así:

Comando de Operaciones Especiales, Comando Conjunto de Operaciones Especiales, Comando de Operaciones Especiales del Ejército, Comando de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército, Regimiento 160 de Aviación de Operaciones Especiales, Primer........

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