Ed Miliband, ministro de Asuntos Exteriores británico, anunció esta semana planes para prohibir el comercio y los servicios con los asentamientos judíos ilegales de Israel, en una medida que el Gobierno ha promocionado como un «reinicio integral» de las relaciones con dicho país.

Al Reino Unido se sumaron otros 11 Estados occidentales que dieron a conocer o propusieron sanciones similares: Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia.

Se supone que esperan dar la impresión de que están uniendo fuerzas gracias a su número, aumentando la presión sobre el régimen israelí para que ponga fin a la ocupación y allane el camino hacia la creación de un Estado palestino.

De forma más realista, cada uno de ellos espera que resulte más difícil para Trump e Israel señalarlos como objetivo en la inevitable reacción contra estas medidas, que son demasiado modestas. En una rápida represalia, Israel tomó la medida sin precedentes de cerrar el consulado británico en Jerusalén Este, es decir, en territorio que ocupa en violación del derecho internacional.

Pero la idea de que estas sanciones supondrán un «reinicio» de las relaciones entre el Reino Unido e Israel parece más bien una ilusión. Poco antes del anuncio de Miliband, Bloomberg informó de que diplomáticos británicos habían asegurado en privado a Washington que la prohibición comercial sobre los asentamientos era «en gran medida simbólica».

Según Alex Wickham, editor político para el Reino Unido de la agencia de noticias, las medidas del Gobierno «no tendrían ningún impacto significativo en la relación general del Reino Unido con Israel en materia de comercio o seguridad».

El comercio del Reino Unido con los asentamientos supremacistas judíos de Israel representa una minúscula fracción de su comercio total con el régimen sionista, que asciende a 6.000 millones de libras (6.993 millones de euros). Y tras dos décadas de «amenazas» en gran medida ineficaces por parte de Europa para empezar a etiquetar los productos de los asentamientos, Israel ideó hace tiempo formas de ocultar la procedencia de dicho comercio. Simplemente reetiqueta los artículos procedentes de los asentamientos como «fabricados en Israel».

Por eso el Ministerio de Asuntos Exteriores lleva tiempo argumentando que sería imposible aplicar una prohibición del comercio con los asentamientos. El «impacto significativo», tal y como, según se informa, están diciendo los diplomáticos británicos a Washington, será prácticamente inexistente.

Razonamiento deshonesto

Del mismo modo, los asesores del primer ministro británico, Andy Burnham, han estado restando importancia al asunto ante los diputados laboristas.

La noche anterior al discurso de Miliband el programa Newsnight informó de que se había comunicado a los diputados de a pie que el Gobierno evitaría cuidadosamente cualquier eco de la demanda palestina, que viene de lejos, de boicot, desinversión y sanciones (BDS) tanto contra Israel como contra los asentamientos.

Hace una década Burnham describió el movimiento BDS --respaldado por miembros destacados de la sociedad civil palestina-- como «rencoroso». Durante su discurso, Miliband también se esforzó por destacar su oposición «incondicional» al BDS.

Pero hay algo fundamentalmente, y de forma evidente, deshonesto en este planteamiento. Se está diciendo a la opinión pública británica que el Reino Unido debe tomar «medidas decisivas» en forma de sanciones contra los asentamientos de Cisjordania, mientras que a Israel no se le toca en absoluto. Y el Gobierno justifica sus medidas, muy limitadas, alegando que los asentamientos son la principal amenaza para una solución de dos Estados. Pero ninguno de estos argumentos tiene el más mínimo sentido.

Una de las principales preocupaciones del Gobierno británico es la reciente decisión de Israel de impulsar un gran proyecto de asentamiento denominado E1, en territorio palestino cercano a Jerusalén. Se considera el último clavo en el ataúd de la creación de un Estado palestino.

La verdad, sin embargo, es que Israel lleva décadas ampliando sus asentamientos ilegales en Cisjordania, utilizando milicias armadas para expulsar a los palestinos de sus tierras. Esto no es nada nuevo.

Si el Reino Unido se tomara realmente en serio castigar a Israel por sus violaciones de la ley, habría «reiniciado» las relaciones por el asunto aún más grave de que Israel haya arrasado Gaza y haya asesinado y mutilado a decenas de miles de niños en los últimos tres años.

Resulta bastante absurdo que el Gobierno de Burnham se dedique a lamentarse públicamente por el daño que supone para las posibilidades de una solución de dos Estados la construcción por parte de Israel de 1.200 viviendas en el corazón de un futuro Estado palestino. Al fin y al cabo, Gran Bretaña acaba de pasar tres años ayudando al régimen de Netanyahu a borrar la mitad de ese Estado potencial: la mitad que comprende Gaza.

La destrucción generalizada por parte de Israel de ese diminuto enclave debería ocupar un lugar central en cualquier justificación para un cambio de política, si Burnham realmente tuviera la intención de castigar a Israel y poner fin a la complicidad británica. En cambio, el genocidio de Israel ha quedado relegado a un segundo plano, mientras que el foco de atención se centra en........

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