La intervención de Mónica García en el Congreso el pasado día 18, en respuesta a Rocío de Meer (VOX), refleja toda la superioridad moral de la izquierda. La diputada de VOX por Almería había interpelado a la titular de Sanidad sobre la reciente decisión de dar cobertura sanitaria a todo el mundo. Nunca mejor dicho.

La dirigente de Más Madrid empezó diciendo que De Meer estaba «mintiendo» y que todo eran «bulos». Luego añadió que «no dejamos a nadie atrás, se llame Adrián o Mohamed». Tampoco faltaron las habituales indirectas al líder de VOX, que ni siquiera estaba presente. «Nuestra sanidad universal —afirmó- se paga con impuestos, no con cotizaciones. Si no, el señor Abascal tendría serios problemas”.

Ni evidentemente acusaciones de falta de humanidad: «Para ustedes —aseguró— atender a un paciente diabético o hipertenso es un crimen». ¡Hasta salió el conflicto de Irán! Le faltó poco para decir que era culpa de Vox. En su opinión, es una «guerra injusta e ilegal de sus amigos ultras». Mientras que el ataque de Israel a Hamás tras el 7-O supuso el «asesinato de 70.000 personas, 20.000 de ellas niños, en Palestina».

A continuación hizo un chiste fácil sobre la «oficina fascista de VOX». Supongo por aquello de que viene la ultraderecha. «Qué valientes son ustedes con los inmigrantes, con los vulnerables», dijo desde la tribuna. Pero «cobardes y sumisos con los señores de la guerra», en referencia a Trump y Netanyahu. Acabó sacando pecho: «Estamos orgullosos de tener un sistema universal en el que no se pregunta de dónde vienes».

Me pareció incluso ver a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, aplaudiendo desde su escaño en un hemiciclo semivacío. «La evidencia científica colapsa sus cerebros», terminó la diatriba.

Rocío de Meer no había faltado al respeto a nadie. Durante su intervención, había criticado la falta de cohesión del sistema sanitario. A su juicio, existen “españoles de primera y de segunda” en función de su comunidad autónoma. «No puede ser que un medicamento esté disponible en una región y vetado en otra. Están levantando fronteras sanitarias entre compatriotas», afirmó.

La parlamentaria también cuestionó la política de «sanidad universal» porque «siempre hay recursos, dinero y decretos para quienes acaban de llegar, mientras los españoles esperan, sufren o mueren en listas de espera». Y alertó contra el colapso del sistema, con cerca de un millón de españoles en lista de espera y una media de 120 días para acceder a un especialista.

Me parece fundamentada la acusación. Según datos oficiales, hay más de 800.000 pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica. El tiempo medio es de casi cuatro meses: 118 días. Un 20% aguarda más de seis meses. La espera media para especialista es de entre 100 y 130 días. Casi cuatro millones de personas tienen cita cuando lean estas líneas.

Conozco el caso de un abuelo de 91 años que, el mismo día que la ministra anunciaba sanidad para todos, se pasó doce horas en urgencias: desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Y, ya puestos, vamos a terminar con aquello de las contradicciones de la izquierda. No sé si la ministra, anestesista de profesión, utiliza la sanidad pública o privada. Pero es sabido que tiene un piso en una buena zona de Madrid, propiedad parcial por herencia, y una segunda residencia en Cercedilla, por la misma vía.

A su marido lo pillaron cobrando el bono social térmico en 2021 y 2022 por ser familia numerosa, totalizando 195,82 euros por año a pesar de su holgada posición económica. La polémica surgió en marzo de 2023, después de que hubiera pedido la dimisión del presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, por recibir la misma ayuda.

En su etapa como líder de la oposición en Madrid, apoyaba las movilizaciones sanitarias. Circula estos días por las redes un vídeo suyo al respecto. Pero como ministra tiene el conflicto con los médicos enquistado. Lo que decía: la superioridad moral de la izquierda. Una cosa es dar lecciones y otra, predicar con el ejemplo.

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