“No somos el patio trasero de ningún país”, afirmó el ministro de Defensa, Fernando Barros, en una entrevista televisiva, al referirse al discurso pronunciado en Panamá por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. En aquella intervención, Hegseth habría llamado a dieciocho países de América a aumentar su gasto militar, abandonar la Corte Penal Internacional y formar una coalición comandada por Estados Unidos para combatir a los llamados “narcoterroristas” y a los “marxistas radicales”.

La declaración de Barros resulta significativa por el contexto en que fue pronunciada. No se trató simplemente de una afirmación abstracta sobre la dignidad nacional, sino de una respuesta a una propuesta que parecía combinar tres elementos de enorme alcance: el incremento de los presupuestos militares latinoamericanos, el debilitamiento de una institución jurídica internacional como la Corte Penal Internacional y la articulación de una coalición regional bajo conducción estadounidense. Cada uno de esos elementos plantea preguntas distintas, pero todos convergen en una cuestión fundamental: ¿quién define las prioridades estratégicas, jurídicas y políticas de los Estados latinoamericanos?

La importancia de la frase aumenta debido a la cercanía política entre el gobierno de José Antonio Kast y la administración de Donald Trump, así como por el peso histórico que Estados Unidos ha ejercido sobre las demás naciones del continente . Precisamente por eso, la afirmación no puede ser interpretada solamente como una declaración automática de un gobierno de derecha. También puede leerse como una defensa de un principio estatal básico: la cooperación internacional no debe transformarse en subordinación, y la coordinación militar no puede implicar la renuncia de un país a decidir sus propios objetivos de seguridad.

La soberanía política vuelve a aparecer en Chile cada vez que el país se enfrenta a la tensión entre su autonomía formal y las presiones materiales de potencias mayores. En ese contexto, la defensa de la soberanía no es una consigna decorativa ni una reliquia ideológica, sino una cuestión central de la vida estatal, porque define quién fija las prioridades nacionales, bajo qué criterios se organiza la política exterior y con qué margen real un país periférico puede actuar en el sistema internacional.

La soberanía como problema histórico

La idea de soberanía ha sido uno de los grandes problemas de la modernidad política. Desde Jean Bodin y su Les six livres de la République, la soberanía se entiende como el poder supremo de decisión en el interior de un Estado. Más tarde, Thomas Hobbes, en Leviatán, mostró que sin una autoridad capaz de decidir, ordenar y proteger, la comunidad política queda expuesta a la fragmentación. En clave contemporánea, Max Weber definió al Estado por su monopolio legítimo de la violencia, lo que implica que la soberanía no es solo una abstracción jurídica, sino una capacidad efectiva de mando.

En América Latina, sin embargo, la soberanía nunca fue un dato asegurado. Desde la independencia, los Estados de la región han debido construir su autonomía en un mundo dominado por potencias industriales, imperios financieros y presiones geopolíticas. Por eso, en nuestro continente la soberanía suele tener un contenido más concreto que en Europa: no solo significa autoridad interna, sino también capacidad de resistir la subordinación externa.

Chile y la tradición de autonomía

Chile ha tenido una tradición diplomática marcada por una combinación de legalismo, prudencia estratégica y defensa celosa de su independencia formal. En la historia republicana, esa actitud aparece en distintos momentos: en la consolidación del Estado oligárquico, en la definición de fronteras tras la Guerra del Pacífico, en la política de relaciones vecinales y en la larga relación ambigua con Estados Unidos. El historiador Sergio González Pizarro, en sus estudios sobre política exterior chilena, ha mostrado que la diplomacia del país se ha movido históricamente entre continuidad y adaptación, pero sin abandonar del todo ciertos principios estructurales.

A ello se suma el análisis de Mario Góngora, especialmente en Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, donde se examina cómo el Estado chileno se consolidó como una forma relativamente precoz de organización política en América Latina. Esa fortaleza institucional, sin embargo, no eliminó la dependencia externa; solo le dio a Chile una capacidad mayor para administrar sus vínculos internacionales con cierta coherencia. En otras palabras: el país desarrolló una estatalidad sólida, pero nunca dejó de operar dentro de una estructura global jerárquica.

Dependencia y periferia

La cuestión de fondo se entiende mejor con la teoría de la dependencia. Raúl Prebisch, en sus trabajos sobre centro y periferia, mostró que la economía mundial no distribuye los beneficios del desarrollo de manera simétrica. El intercambio desigual condena a los países periféricos a especializarse en productos de menor valor agregado y a depender de decisiones tomadas en los centros de acumulación. Más tarde, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, en Dependencia y desarrollo en América Latina, profundizaron esa idea al mostrar que........

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