-Introducción: Un quinquenio que dividió a la República y a sus historiadores

El gobierno de José Manuel Balmaceda (Bucalemu, 19 de julio de 1840 – Santiago, 19 de septiembre de 1891) es uno de los ejes problemáticos más densos de la historia política chilena del siglo XIX. Gobernó en el momento de mayor prosperidad fiscal que había conocido el país —el auge salitrero posterior a la Guerra del Pacífico— y, sin embargo, su administración desencadenó la guerra civil más grave que había sufrido la República, definida como el «más grave trastorno institucional» de su historia.

La dificultad no está en narrar los hechos, sino en interpretarlos. La discusión sobre la Guerra Civil de 1891 ha sido objeto de debate durante casi tres cuartos de siglo, estructurado en torno a una dicotomía clásica: los historiadores «constitucionales», que ven un choque de principios y de atribuciones entre dos poderes del Estado, y los «económicos», que consideran que las causas constitucionales eran apenas un velo sobre un conflicto de intereses materiales, nacionales y extranjeros. Este ensayo reconstruye el programa, la crisis, la guerra y su costo humano, para luego examinar las interpretaciones historiográficas, con atención especial a la lectura materialista de Hernán Ramírez Necochea y a la historia «desde abajo» de Gabriel Salazar y Sergio Grez.

I. El contexto: El salitre y la prosperidad de una República recién engrandecida

Tras la Guerra del Pacífico, Chile se anexó la provincia de Tarapacá, corazón de la producción salitrera mundial. Las rentas del salitre se convirtieron en la base financiera del Estado y fueron utilizadas por el gobierno de Balmaceda para impulsar un ambicioso programa de obras públicas. Por primera vez el fisco disponía de recursos permanentes y cuantiosos, y muchos creyeron llegada la hora de transformar la riqueza del desierto en infraestructura, educación y solidez institucional.

Esas circunstancias fueron aprovechadas por Balmaceda para ejecutar dos de sus proyectos más ambiciosos: un gran plan de obras públicas y una reforma y mejoramiento de la educación pública, que promocionó en una serie de viajes presidenciales. Esos viajes definían un estilo de gobierno activo, presidencialista y volcado a la realización material.

II. El programa de gobierno: Industrialismo, obras públicas y educación

El programa de Balmaceda puede resumirse como un proyecto industrialista, nacionalista y con fuerte intervención del Estado en la economía. En lo concreto, el gobierno impulsó:

-La red ferroviaria hacia la Frontera y hacia Argentina (ferrocarril trasandino), junto con el tendido de líneas férreas, telegráficas y telefónicas.

-La construcción e inauguración del Viaducto del Malleco, entonces la obra de ingeniería vial más elevada de Sudamérica.

-Obras de canalización del río Mapocho y de salubridad urbana, y edificios públicos como la Escuela Militar.

-Una reforma educacional orientada a expandir la educación pública.

El momento culminante fue la creación de un ministerio de Obras Públicas para administrar el vasto plan. La novedad no residía solo en las obras, sino en la concepción del Estado que las animaba. Para la historiografía económica, este proyecto chocaba con la ortodoxia liberal, suponiendo la «definitiva intervención del estado en la organización económica de la República«. Guillermo Feliú Cruz resumió que una coalición de banqueros, terratenientes, mineros e industriales, opuestos a esa política «que se enraizaba en el nacionalismo, la oposición al laissez-faire y en favor de la decidida intervención del Estado«, se propuso, «al mismo tiempo que defendía los derechos de la Constitución, consignar estas ideas de Balmaceda al olvido«.

III. La disputa por el salitre: John Thomas North y el capital extranjero

La interpretación económica se centra en la política salitrera del presidente y en su choque con los grandes intereses capitalistas, encabezados por el empresario inglés John Thomas North, «el Rey del Salitre». El análisis de Hernán Ramírez Necochea es el más sistemático. Para él, el objetivo de Balmaceda era utilizar los recursos salitreros como fuente permanente de riqueza del Estado, impidiendo que quedaran en manos de monopolios extranjeros.

En el discurso de Iquique (9 de marzo de 1889), el presidente declaró que el Estado debía «conservar para siempre suficientes terrenos de salitre» para frustrar una «dictadura industrial«, aunque rechazó la nacionalización como tarea del Estado, cuyo fin fundamental era «garantizar los derechos de propiedad y de libertad». Un año antes había preguntado por qué el crédito y el capital chilenos dejaban al extranjero establecer bancos en Iquique y explotar las salitreras, mientras «el extranjero explora estas riquezas, y se lleva la ganancia de la riqueza nativa… para dar a otras tierras y a pueblos desconocidos los tesoros de nuestro suelo«.

Ramírez Necochea trazó la red de relaciones entre capitalistas extranjeros y figuras políticas chilenas, sosteniendo que muchos dirigentes de 1891 se desempeñaban como asesores legales de los capitalistas salitreros. Para él, los partidos estaban dominados por «todos los elementos sociales y económicos a los que el gobierno y la política de Balmaceda se oponían«, y la guerra civil no fue sino «una reacción violenta de estos elementos» contra esa política. Julio César Jobet matiza en el mismo sentido: la pugna entre los poderes era un pretexto, y la verdadera causa era el enfrentamiento entre la oligarquía, aliada a North, y el proyecto industrializador y nacionalizado de Balmaceda.

La contraparte «constitucional» está en Ricardo Salas Edwards (para quien la revolución no fue «sobornada por intereses financieros«) y en Francisco Antonio Encina (que la consideró «política y sentimental, y no de intereses«). La tesis intermedia, la más matizada, es la de Harold Blakemore, que relativizó a Ramírez Necochea sin descartar su aporte de buscar antecedentes........

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